La Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia exigió este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspenda los traslados forzados de jueces por considerar que se trata de "acciones arbitrarias, prepotentes y abusivas; pretendidas desde leyes inconstitucionales que instrumentalizan el derecho para afectar la democracia".
En un pronunciamiento dado a conocer este martes, la referida Federación se muestra preocupada por la afectación a varios jueces salvadoreños que han sido trasladados de manera forzada "sin base técnica a distintas sedes judiciales, violentando el principio de estabilidad laboral y especialmente, el de independencia judicial, teniendo como partícipes de este abuso a los tres poderes del Estado, que se han coludido para afectar la judicatura".
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Señala que "los actos cometidos en contra de la judicatura en El Salvador, violentan el Estado de Derecho, la división de poderes y la independencia judicial".
En ese sentido, la referida federación rechaza el "sistemático abuso y desgaste en contra de la justicia en El Salvador, particularmente frente a jueces independientes, que representan la dignidad y la reserva moral del sistema judicial en ese hermano país".
Llaman a la comunidad internacional para que "instituciones democráticas puedan manifestarse también en favor de la justicia y las personas juzgadoras que están siendo víctimas del sistema represivo actual".
El juez Juan Antonio Durán es uno de los que ha sido trasladado de "manera forzada" del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador al Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz.
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Durán ha sido uno de los más duros críticos de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que obliga a los funcionarios judiciales a retirarse a los 60 años de edad y 30 años de servicio, por considerarlas que son inconstitucionales.
La Federación Centroamericana de Jueces rechazó las referidas reformas aprobadas por los diputados oficialistas y sus aliados, porque además de violar la Constitución, también violentan "convenciones internacionales en materia de justicia y derechos humanos, la Carta Democrática Americana y el Estatuto del Juez Iberoamericano”.
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