El Juez del Tribunal Tercero de Sentencia, Juan Antonio Durán, dijo este jueves que los más de 200 juzgadores contemplados en el decreto de retiro obligatorio "no se van por corruptos, aunque así lo diga el presidente" Nayib Bukele a través de sus redes sociales.
Las declaraciones de Durán se dan a un día de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada por los diputados del oficialismo en agosto pasado la cual contempla el retiro de los jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
"El poder no quiere límites, el poder no quiere controles, por eso ha golpeado al poder judicial de esta manera”, sentenció Durán quien califica esta nueva normativa como "un golpe político contra el Estado de Derecho".
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"Al judicial le corresponde decidir el derecho y aplicarlo y hacerlo valer, y establecer límites al poder y eso es lo que no quiere el Ejecutivo y el Legislativo", sentenció.
Para Durán, esta Ley es inconstitucional y no solo afecta la estabilidad de los jueces si no que además ha significado un enorme daño al Órgano Judicial, pues se está depurado a la tercera parte de los jueces.
Según un comunicado divulgado ayer por la Corte Suprema de Justicia, la vigencia de la ley aprobada mediante el decreto legislativo 144 comienza el 25 de septiembre.
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Este jueves se conoció que algunos jueces han optado por presentar su renuncia a la Corte y acogerse a la indemnización de los 24 salarios anunciados por la CSJ.
La Corte dijo el miércoles a través del escrito que los juzgadores deberán presentar su renuncia antes del 24 de septiembre y quienes no lo hagan serán cesados de sus funciones.
Óscar López Jerez, presidente de la Corte, confirmó a este medio sobre la renuncia de 77 de jueces hasta hoy y 80 solicitudes de jueces que pasan a disponibilidad.
Cámara suspende aplicación de decreto legislativo 144
Este jueves, la Cámara de Familia suspendió la aplicación del Decreto Legislativo 144 y ordena a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la Republica y a la Corte Suprema de Justicia, abstenerse de realizar actos que contravenga los derechos humanos.
La demanda y solicitud de las medidas cautelares fue presentada por los jueces Rosvinda Portillo Matute y Geofredo Campos Rosa. Ambos abogados argumentaron que las reformas violan no solo la Constitución sino los derechos fundamentales y los que le otorga el Código de Familia.
La decisión del Tribunal se basa en la protección de los derechos de igualdad y no discriminación por ser personas adultas mayores, según lo establece la Constitución de la República.