Tras la aprobación del régimen de excepción como medida ante los 76 homicidios ocurridos entre el viernes y el sábado pasado, el investigador senior de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier, habló sobre las implicaciones en materia de derechos humanos que tiene la medida promovida por el gobierno.
Cuando dice que al gobierno salvadoreño le urgen medidas sostenibles ante la inseguridad, ¿a qué se refiere? ¿Es o no el régimen de excepción una medida sostenible?
Lo que vemos en El Salvador es que hay un acuerdo entre el Gobierno y los grupos armados como las pandillas que operan en el país para reducir la tasa de homicidios, y eso es una estrategia de enorme riesgo porque puede ocurrir, como evidentemente ocurrió en los últimos días, que estos grupos armados decidan salirse de ese acuerdo, temporalmente o permanentemente, lo vamos a ver, para cometer algunos homicidios para enviarle un mensaje al gobierno con algún tipo de demanda.
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Y eso no es una estrategia sostenible en el tiempo, perdurable que permita progresivamente desmantelar el poder de estos grupos armados, lo que hay aquí es simplemente un parche para bajar los homicidios que le ha dado un enorme rédito político al presidente Bukele.
¿Qué es lo que no se debe hacer en un régimen de excepción?
El régimen de excepción es una medida muy preocupante porque aquí lo que se ha hecho es, de la noche a la mañana, suspender de un plumazo garantías constitucionales y derechos humanos que son fundamentales para los salvadoreños, como son la libertad de asociación, la libertad de reunión, el derecho a la defensa judicial y la privacidad de las comunicaciones y telecomunicaciones. Este decreto de excepción pone en riesgo a muchos salvadoreños. Esto se puede prestar a todo tipo de abusos y está muy bien que el gobierno tome medidas frente a esta escalada homicida en el país, pero eso no puede ser por fuera del Estado de Derecho y por fuera del respeto a los derechos fundamentales.
El gobierno asegura que no tiene otra alternativa sino decretar un régimen de excepción...
Aquí hay una preocupación principal y es si este estado de excepción es consistente con las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos. Los tratados que ha ratificado El Salvador solo permite suspender derechos fundamentales en condiciones muy estrictas y siempre cuando esos fueran la última medida posible para proteger derechos o para evitar situaciones de enorme riesgo para el país. Es muy discutible que este sea el caso en El Salvador, hubiera sido preferible que el presidente Bukele tomara las medidas ordinarias que tiene la Policía o la Fiscalía para enfrentar este problema del alza de homicidios en el país.
Aquí podemos estar ante restricciones abusivas a por ejemplo manifestaciones, podemos estar ante procesos donde las personas no tienen posibilidad de defenderse judicialmente, intrusiones en las telecomunicaciones.
Todo eso podría pasar en estos días gracias a este decreto de Excepción y a la falta de contra poderes democráticos en El Salvador.
¿Cuáles son los derechos humanos inamovibles? ¿En qué se puede amparar un salvadoreño ante una posible violación a sus derechos humanos tras la aprobación de este régimen de excepción?
Hay derechos que no se pueden suspender nunca: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, etc. Estos son derechos fundamentales que nunca pueden estar sujetos a este tipo de restricciones.
Pero incluso para otros derechos como es el caso de la libertad de asociación, la suspensión no puede ser invocada en cualquier momento; solamente en situaciones muy estrictas y es dudoso que aquí estemos en un escenario tal.
En un estado de excepción, como el que hay actualmente en El Salvador, es cuando las instituciones democráticas, los tribunales, la Fiscalía son más importantes que nunca. La independencia de sus instituciones es crucial para frenar abusos de poder especialmente en estados de Excepción y lamentablemente en El Salvador hoy no hay instituciones democráticas en pie que tengan la capacidad de frenar abusos de poder que puedan venir del gobierno, de las fuerzas de seguridad. Esas instituciones no existen hoy en El Salvador. El único contrapeso que hoy tiene el gobierno salvadoreño son los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, no hay instituciones democráticas independientes.
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¿Qué puede significar la aprobación de este régimen de excepción en torno a las voces críticas? ¿Puede ser usado para acallarlas?
Este decreto va a generar enorme preocupación y enorme crítica y escrutinio por parte de la comunidad internacional, a nivel del sistema interamericano, a nivel de sistema de Naciones Unidas y eso ojalá ayude a proteger a la población civil. Aquí hace falta mucha más atención internacional sobre El Salvador para frenar este deterioro dramático de las instituciones democráticas y la democracia en el país.
Cuando hay una suspensión de derechos, eso se puede usar de forma abusiva (persecución de voces críticas), por supuesto. Más en un país como El Salvador donde no hay instituciones democráticas. Entonces, aquí se podría utilizar este decreto posiblemente para interferir comunicaciones a críticos del gobierno, como ha ocurrido ya en el caso de Pegasus, se podría utilizar en detenciones donde las personas no tengan cómo defenderse.
Esta suspensión de derechos, en un país como El Salvador, sin instituciones democráticas, abre la puerta a todo tipo de atropellos.