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José Miguel Vivanco: “¿Qué interés tiene Bukele en proteger a los responsables de este crimen político?”

El director de Human Rights Watch considera que el jefe de la Policía "debería ser destituido de inmediato por obstrucción de justicia" tras querer desvirtuar la investigación. Todos los implicados en el asesinato de los militantes del FMLN son agentes de Gobierno, pues trabajan en el Ministerio de Salud.

Por Nancy Hernández | Feb 04, 2021- 16:48

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Foto EDH/ Archivo

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, cuestionó este jueves el accionar de la Policía Nacional Civil al querer ” desvirtuar una investigación”, haciendo referencia al proceso que se lleva a cabo contra el jefe de seguridad del Ministro de Salud, Francisco Alabí, y dos empleados más de esa cartera de estado por el ataque armado a la caravana de militantes del FMLN, hecho ocurrido el pasado domingo en el centro de San Salvador.

“Un jefe de policía que intenta desvirtuar una investigación del Ministerio Público debería ser destituido de inmediato por obstrucción de justicia. Porque @nayibbukel no lo hace? Que interés tiene Bukele en proteger a los responsables de este crimen político en El Salvador?”, escribió en su cuenta de Twitter Vivanco.

Las declaraciones se dieron después que el Fiscal General, Raúl Melara, informara que la Policía, al cuestionar las conclusiones de la investigación, sólo estaba desacreditando y menos preciando el trabajo que sus fiscales habían hecho.

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Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la @PNCSV es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos, ni sus familias”, publicó en su perfil de Twitter Melara.

El miércoles la Fiscalía acusó ante un tribunal a los tres sospechosos de matar a los dos militantes de izquierda el pasado domingo en el centro de la capital.

Todos los implicados son agentes del Gobierno, pues trabajan en el ministerio de Salud.

La acusación contra Diego Alvarado Peña, de 31 años, agente del Estado asignado a la protección de personalidades importantes (PPI); Héctor Castaneda, chófer; y Roberto Carlos Coto, un vigilante privado, se realizó ante un tribunal de San Salvador por los delitos de “homicidio agravado y homicidio tentado”, informó el fiscal general.

De hecho, Alvarado Peña, de 31 años, no solamente es el encargado de la seguridad personal del ministro de Salud, Francisco Alabí; sino también es miembro afiliado del partido Nuevas Ideas, según la publicación oficial que el Tribunal Supremo Electoral hizo en el matutino Diario El Mundo.

Alvarado Peña no compareció, sin embargo, ante el juez porque se encuentra hospitalizado recuperándose de una lesión de bala.

El Gobierno ha intentado hacer ver que todo se trató de un intercambio de disparos entre los militantes del FMLN y tres empleados del Ministerio de Salud. Pero Fiscalía ha establecido de que se trató de un ataque a los militantes efemelenistas y no hay evidencia de que se produjera un tiroteo.

Los hechos

El domingo, dos militantes del FMLN, izquierda fueron acribillados a balazos cuando circulaban en un vehículo tras finalizar una jornada de campaña para los comicios legislativos y municipales del 28 de febrero.

“Independientemente de su simpatía política, fueron dos salvadoreños los que murieron el domingo, y nos debe consternar a todos. El discurso de odio debe parar”, afirmó el fiscal.

Melara informó que recibió el ofrecimiento del FBI estadounidense para “contribuir” al proceso de investigación con alguna “experticia”.

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Tras el atentado mortal, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador solicitó el martes a la ONU, la Unión Europea (UE) y la OEA que adelanten el envío de sus observadores para los comicios.

Las misiones de observación llegan usualmente a El Salvador una semana antes de las elecciones.

La campaña para los comicios del 28 de febrero en El Salvador, que se inició el 27 de diciembre, finalizará tres días antes de que se celebre la elección.

Unos 5,4 millones de salvadoreños deberán elegir a los 84 legisladores del Congreso unicameral, así como a los 262 alcaldes del país y sus concejos municipales.

También tendrán que escoger a una veintena de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), una institución política dedicada a la integración de los países de la región.

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