"El Salvador: Ayer la Asamblea aprobó una norma que, con la excusa de la pandemia, prohíbe las protestas. Se trata de una prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de DDHH".
Así reaccionó el Director de la División de Las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ante la iniciativa aprobada ayer por la Asamblea dominada por el oficialismo que prohíbe las concentraciones públicas y privadas que no sean deportivas y culturales, y que abre la puerta a penas de cárcel para quienes organicen concentraciones.
Vivanco señaló en su cuenta de la red social tuiter que, "evidentemente el objetivo (de la iniciativa) es frenar las protestas contra Bukele".
El Salvador: Ayer la Asamblea aprobó una norma que, con la excusa de la pandemia, prohíbe las protestas.
Se trata de una prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de DDHH.
Evidentemente el objetivo es frenar las protestas contra Bukele.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 21, 2021
De hecho, tales disposiciones han sido avaladas solo días después de las recientes marchas y protestas en contra del gobierno realizadas el pasado 15 de septiembre y del 17 de octubre.
VER: Diputados de Bukele abren puerta a penas de prisión para quienes organicen marchas
Además, la medida señala que la Fiscalía podrá investigar de oficio su incumplimiento y que las personas que convoquen o promuevan las concentraciones prohibidas serán multadas y podrían ser acusadas penalmente por desobediencia.
"Toda persona natural o jurídica , publica o privada, deberá acatar la presente ley, la Fiscalía General de la República (FGR) actuará de oficio ante el incumplimiento de la misma...", reza el artículo 4 del decreto aprobado.
Al respecto, abogados cuestionan que están “criminalizando la protesta social” y estableciendo de hecho un “régimen de excepción” o estado de sitio en El Salvador.
Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, ordenar la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, implica “establecer de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país".
VER: Pese a retenes policiales y militares, miles vuelven a marchar contra abusos de Bukele
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, cuestionó la medida tildándola de “cobarde”, de una violación a la libre manifestación y a la libertad de expresión de la ciudadanía, algo que es “inconstitucional” pues se somete el derecho a manifestarse de la población a una “censura previa”, criticó Escobar.