La defensora de Derechos Humanos, Celia Medrano, señala que la reapertura del caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido en noviembre de 1989, pretende deslegitimar a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) del hecho.
"Parece que en lugar de buscar realmente justicia, lo que se pretende es deslegitimar a la UCA como víctima institucional de este hecho en un contexto donde lamentablemente se están repitiendo ahora las condiciones que dieron lugar a este crimen de lesa humanidad", señaló Medrano en una entrevista a Telesur.
A su juicio, hay una incoherencia entre las acciones del oficialismo y la resolución emitida este miércoles 5 de enero por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ), cuyos magistrados fueron impuestos el 1 de mayo de 2021.
Ella explicó que, en esencia, la fundamentación de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ es correcta. Sin embargo, el problema radica en la desconfianza que genera el fallo debido al contexto actual en el que se da y las contradicciones que presenta.
"Es contradictorio que en medio de mensajes de odio y de descrédito contra las autoridades y vocerías de la UCA, generadas desde la oficialidad, se pretenda hacernos creer que hay voluntad política para que haya justicia en un caso donde la UCA, como institución, es víctima conforme ya lo ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", apuntó.
"Llegar al fondo de este caso es difícil"
Medrano explicó porqué este caso tiene un grado de dificultad. "Llegar al fondo de este crimen implica tocar institucionalmente a las Fuerzas Armadas, llegar al fondo de este caso es difícil cuando no puede confiarse en la independencia e integridad de los magistrados que han sido impuestos, violando las leyes que por sus funciones tendrían la obligación de garantizar que sean respetadas", apuntó.
La UCA sentó postura este viernes sobre la reapertura del asesinato y pide “no instrumentalizar políticamente” el caso.
“La UCA exige que el caso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas; demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas”, reza el comunicado de la casa de estudios.