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"Es información pública" dice asesor jurídico de la Presidencia sobre la conversación entre Manes y Bukele divulgada en Twitter por el mandatario

El funcionario también se refirió a los funcionarios que ha señalado Estados Unidos por corrupción y dijo que tiene que tener "derecho a audiencia y defensa".

Por Jessica Guzmán | Dic 11, 2021- 12:31

Javier Argueta, representante jurídico de ANEP.

/ Foto Por Archivo

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, defendió la publicación que hizo el presidente Nayib Bukele de una supuesta conversación por medio de Whatsapp con la ex encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, y argumentó que se trata de información pública.

"En el Estado salvadoreño es información pública porque es información categorizada de los determinables de acceso al a información pública, pero además nosotros los salvadoreños tenemos el derecho fundamental del derecho a la verdad, así ha dicho la Sala de lo Constitucional en cuatro sentencias. Lo que el presidente de la república hace es contarle al pueblo, al que lo designó, qué es lo que está pasando con las relaciones, en ese momento, con la embajada americana", justificó el asesor jurídico de la Presidencia.

Argueta aseguró que esa conversación es verdadera y que Manes le pidió al presidente Bukele que liberara a Ernesto Muyshondt y que protegiera al expresidente Félix Cristiani, además del tema de los sobresueldos y de la reelección del fiscal general Rodolfo Delgado.

"¿Qué es lo que está sucediendo? Dice el presidente, 'a mí me solicitaron que liberara a esta persona' y el presidente contesta que obviamente no podía 'y me solicitan que no reeligiera al fiscal general' tampoco podía, 'me solicitan que no siga el tema de sobresueldos y que proteja eventualmente al expresidente Cristiani', esa es información pública, esas conversaciones son prácticamente o ese señalamiento que hace el presidente es la materialización del derecho a la verdad que todos los salvadoreños tenemos que conocer, pero también al acceso a la información y a que el pueblo salvadoreño conozca qué pasa con la embajada, por qué las reacciones duras contra el país, y surge por eso", argumentó Argueta.

Conozca cuáles son las implicaciones para los funcionarios de Bukele sancionados bajo la Ley Magnitsky

Sin embargo, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, condenó la arremetida del presidente Nayib Bukele en Twitter contra el presidente estadounidense Joe Biden, la exencargada de Negocios Jean Manes y el actual encargado Brendan O'Brien.

“Condenamos las falsas acusaciones de Nayib Bukele contra el presidente de los Estados Unidos y oficiales de Estados Unidos, incluyendo a la encargada de Negocios Jean Manes y el actual responsable Brendan O’ Brien”, tuiteó el alto funcionario este jueves.

Argueta restó importancia a los que expresó Nichols y aseguró que Bukele tiene pruebas.

"Una cosa es la reacción y subjetividad de un funcionario norteamericano a partir de defender a una de sus funcionarias y otro tema es la defensa del presidente con hechos, con pruebas", dijo el asesor jurídico presidencial.

El argumento de Argueta ha sido cuestionado en redes sociales, ya que ese derecho a conocer la información pública contradice a que el mismo gobierno puso bajo secreto por varios años la mayoría de la información oficial relacionada con la atención de la pandemia de covid-19, incluidos los datos vinculados con el manejo hospitalario, compras de alimentos, vacunas e informes de la Policía.

Espera que Estados Unidos de derecho defensa
Tras ser incluidos por el gobierno de Estados Unidos en la Lista Magnitsky los funcionarios de la administración Bukele: Osiris Luna Meza, director de Centros Penales; al director de Reconstrucción y Tejido Social, Carlos Marroquín; y a la jefa de gabinete, Carolina Recinos por corrupción, el asesor jurídico dijo que estos funcionarios deben tener derecho a defensa.

"Si a mí o a cualquier funcionario público un periódico da un informe, este funcionario tiene el derecho a nivel de derechos humanos de audiencia y defensa; el derecho de defensa es un derecho humano, y por tanto las personas señaladas tienen que tener elementos de entrada, para que los Estados Unidos conozcan no solo su versión, sino su aportación de pruebas, entonces en ese sentido supongo que los Estados Unidos, que también promueve los derechos humanos, les dé el derecho de audiencia y defensa", expresó Argueta.

Las sanciones a Luna y Marroquín son porque Estados Unidos certifica que ambos funcionarios han participado en negociaciones con pandillas. Mientras que en el caso de Recinos, se le señala por dirigir un esquema de “compras sospechosas” de insumos en el marco de la pandemia y de entregar canastas solidarias con fines electorales.

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