La versión del Seguro Social sobre las multas impuestas a los centros educativos es que “se ha hecho un uso abusivo de la figura de los servicios profesionales” cuando en realidad hay una relación laboral que debe ser respaldada con las cotizaciones de ley, según afirmó Ernesto Chamorro, jefe del departamento de recuperación judicial del ISSS.
De acuerdo con el funcionario, el contratar a maestros por hora-clase sin pagarles las prestaciones debidas ha sido una práctica aplicada desde hace muchos años sin que se regulara con anticipación.
“También es un desconocimiento tanto del patrono como del empleado”, afirmó Chamorro.
Muchas empresas creen que si una persona ya está contratada en una empresa estable en la que se le paga el Seguro Social y la AFP, ya no es necesario que se le agregue en planilla en otra empresa porque sería una doble cotización.
Sin embargo Nuria Zuleyma Hernández, jefa de la división de aseguramiento, recaudación y beneficios económicos del ISSS, señala que aunque el docente tuviera un trabajo formal en otra empresa, la Universidad tendría que hacerle los descuentos respectivos porque está obligada por ley, si detrás del contrato hay una relación laboral.
Y es ahí donde está el problema. Chamorro y Hernández afirman que las empresas confunden lo que significa una relación comercial como la de los servicios profesionales con una relación laboral en la que el patrono le impone a la persona un horario, un lugar y un salario por su trabajo en determinado tiempo.
“Es probable que sea por desconocimiento. Así se ha trabajado de esta forma por muchos años sin darnos cuenta que en realidad la relación que tienen constituye una relación laboral que debería estar amparada por un contrato sujeto a la seguridad social. A veces es por costumbre”, afirmó Chamorro.
El jefe del departamento explica que en algunos casos, los maestros tienen varios años de trabajar bajo esa modalidad y aún así, las instituciones educativas no los incluyen como parte de la nómina de empleados, con todas las prestaciones de ley.
A discreción de los inspectores
Sin embargo, las instituciones educativas han afirmado que esta valoración no está apegada a un criterio legal. En el caso del ITCA-FEPADE, la institución afirma haber presentado contratos de servicios profesionales, facturas emitidas por los contratados e incluso, prueba testimonial del personal encargado de la administración de recursos humanos para hacer constar que no había un contrato comercial con la institución.
Según la demanda del ITCA-FEPADE en la Corte, los inspectores se atribuyeron la potestad de concluir que la institución tenía que pagar las cotizaciones no registradas cuando esta es una facultad únicamente del Director del ISSS.
“Esta es una condición de investigación y determinación que en su caso es diferente a concederle el poder de emitir las planillas complementarias (pago de cotizaciones atrasadas) que en suma es una potestad del Director general”, afirma el escrito.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social intensificó las inspecciones en la empresa privada desde que aumentó el techo máximo cotizable para los empleados en 2015.
Con este cambio el cálculo de 10.5% tanto para empleados como para patronos dejó de hacerse con el salario máximo de $685.71 y pasó a un cálculo sobre la base de $1,000, con lo cual, aumentarían los ingresos para el instituto de salud.
Rectores de universidades que han sido evaluadas, pero no multadas, afirmaron que estas inspecciones comenzaron justamente desde finales de 2015 y no dudan que haya sido por la búsqueda de más ingresos para la institución.
“Esto viene desde hace un tiempo. Han venido insistiendo en que se le presenten las planillas de todo y revisado hasta el último caso”, manifestó uno de los rectores.