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Pandillas mantienen control en territorios, a pesar del plan Control Territorial, según CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló un informe sobre la situación de los derechos humanos en los que destaca que la inseguridad es uno de los desafíos del Gobierno de Bukele.

Por David Marroquín | Nov 04, 2021- 19:12

Un niño observa la escena del homicidio de Carlos Francisco Hernández en Ciudad Obrera, Apopa, el 22 de mayo de 2021. La CIDH expresa su preocupación porque hay territorios que siguen bajo asedio de las pandillas. Foto EDH archivo

“Según ha sido ampliamente documentado, las pandillas ejercen un gran control e influencia en algunos territorios del país, comercios, así como en la vida diaria de las personas, quienes se ven comúnmente afectadas por amenazas, extorsiones o por la violencia generalizada en el contexto de las rivalidades y enfrentamientos entre los mismos grupos o con fuerzas estatales”.

Así resume la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación de inseguridad que viven las comunidades con alta presencia de pandillas, lo que pone en tela de juicio la efectividad del plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele en recuperar los territorios bajo control de esos grupos criminales.

Pero las pandillas no solo son responsables de una gran cantidad de homicidios, sino que también estarían detrás de “graves hechos de violencia sexual, esclavitud sexual, trata de personas con fines de explotación sexual contra mujeres y niñas; así como por el desplazamiento forzado interno de familias enteras y flujos migratorios a otros países de la región”, señala la CIDH en su informe sobre los derechos humanos en El Salvador dado a conocer este miércoles.

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Destaca que las estrategias de seguridad pública de todos los gobiernos “basadas principalmente en un enfoque de mano dura contra las pandillas”, éstas no “habrían resultado efectivas para atender las causas o factores estructurales y sociales que reproducen y desencadenan la violencia”.

Reconoce la disminución de los homicidios en la gestión de Bukele y cita por ejemplo que en el año 2020, hubo 1,332 homicidios en comparación con las 2,398 víctimas registradas en 2019.

“Según la información disponible, dichos resultados serían atribuibles a la implementación de la nueva política en materia de seguridad mediante el Plan de Control Territorial (PCT).

Señala que el gobierno salvadoreño informó a la CIDH que el referido plan tiene por objeto garantizar las funciones de prevención, combate al crimen, rehabilitación y reinserción en materia de seguridad ciudadana en el país.

En contraste con lo planteado por el gobierno salvadoreño, organizaciones de la sociedad civil le manifestaron al organismo internacional que “el PCT no representaría un cambio sustancial en relación con las políticas de mano dura implementadas en administraciones anteriores, tales como la militarización de la seguridad ciudadana y el enfoque de represión punitiva a través del derecho penal”.

Además cuestionan “la falta de mecanismos de participación ciudadana, la desaparición del Consejo de Seguridad Ciudadana -instancia que promovía la participación de sociedad civil”.

Pero a pesar de que la CIDH reconoce la disminución de la violencia criminal, contrasta con su preocupación por el alarmante aumento de las personas desaparecidas en El Salvador.

Lo que le llama la atención a la CIDH son los “severos cuestionamientos sobre la eficacia del plan Control Territorial y supuestos acuerdos informales alcanzados entre las pandillas y el Estado”.

Retoma un informe de la organización Crisis Group que señala que la información estadística revela que no existiría una correlación directa entre la ejecución del plan y la drástica reducción de los homicidios en el país.

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Resalta la CIDH que recibió denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en supuestos enfrentamientos armados con presuntos pandilleros.

A lo anterior se agrega información sobre la existencia de “grupos de exterminio o escuadrones de la muerte “ que se encargan de realizar acciones de “limpieza social de personas integrantes de pandillas”.

Señala que el problema de desplazamiento interno provocado por las pandillas es uno de los más grandes desafíos de derechos humanos que tiene el Estado salvadoreño.

En ese sentido, la CIDH observa que los impactos inmediatos del desplazamiento forzado “han repercutido en trastornos emocionales o psicológicos del 70% de la población, seguido por los impactos económicos derivados por el abandono de propiedades en los lugares de origen (42%), la separación familiar temporal o definitiva en casi el 30% de los casos, la pérdida de fuentes de ingreso (28%), y la interrupción de educación de niños y niñas (22%)”.

Personas desplazadas que fueron entrevistadas por la CIDH relataron que “la extrema rapidez con que tuvieron que salir huyendo de sus hogares por causa de la violencia y amenazas, en las cuales, en muchos casos, ni siquiera pudieron ingresar a sus viviendas para tomar algunas pertenencias”.

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