El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paso en su lucha contra la corrupción en Centroamérica. Por medio de su agencia de cooperación, USAID, han lanzado una iniciativa de cinco años, con un financiamiento de $300 millones, para empoderar organizaciones de sociedad civil en el Triángulo Norte.
Esta iniciativa va en consonancia con las prioridades de la administración de Joe Biden. En su plan de Centroamérica, el gobierno de Estados Unidos ha identificado la corrupción, así como la débil gobernanza y la violencia como los factores principales que motivan a miles de personas a huir de forma irregular hacia Estados Unidos.
“Con esta nueva iniciativa, llamada ‘Centroamérica Local’, USAID tiene la intención de invertir hasta $300 millones, sujeto a la disponibilidad de fondos, para involucrar, fortalecer y financiar organizaciones locales”, afirma la agencia de cooperación en un breve comunicado sobre esta iniciativa.
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Las organizaciones que Estados Unidos busca apoyar, añade USAID, son las que implementan programas de crecimiento económico, combate a la corrupción, mejora de la gobernabilidad, protección de derechos humanos, fortalecimiento de la seguridad, y combate a la violencia sexual y de género.
Samantha Power, quien preside USAID, anunció en Twitter el lanzamiento de “una iniciativa nueva de $300 millones para fortalecer organizaciones centroamericanas que trabajan para fortalecer la gobernanza, luchar contra la corrupción y luchar contra la violencia de género, así como otros factores que motivan la migración irregular”.
El congresista demócrata Albio Sires aplaudió el anuncio de USAID. "Esto es justo lo que tenemos que hacer: apoyar directamente a grupos locales en Centroamérica que empoderan a las mujeres, promueven la democracia y defienden los derechos humanos", destacó el legislador.
“Estabilidad en la región”
Esta apuesta de dotar de fondos a las organizaciones es consistente con las declaraciones públicas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que además de endosar su apoyo a organizaciones de sociedad civil, ha retirado financiamiento a entidades de gobierno que han colaborado con actos poco democráticos.
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En El Salvador, el gobierno estadounidense anunció el retiro de fondos a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Policía Nacional Civil. Todas estas han sido progresivamente capturadas por el oficialismo en los últimos dos años.
Parte de ese dinero, según afirmó el gobierno estadounidense, será dirigido a entidades que luchen contra la corrupción.