INFOGRAFÍA: Seis corruptos confesos en caso Saca

El juicio finalizó este miércoles, pero resolución se dará en dos semanas

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Por David Marroquín/Jaime López

2018-08-30 12:01:58

Tras 17 días de diligencia, el Tribunal Segundo de Sentencia terminó el miércoles el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca, tres de sus exfuncionarios y tres exempleados de Casa Presidencial; procesados por el desvío de más 300 millones dólares de las arcas de la Presidencia de la República.

Saca, su exsecretario privado Élmer Charlaix, el exsecretario de la Juventud, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; así como los exempleados de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera; se adhirieron a un proceso abreviado en el que se declararon culpables de haber desviado fondos públicos para beneficios personales. La Fiscalía General les atribuye haber desviado 300 millones 347 mil dólares.

Tras ese acuerdo cinco de los siete procesados desistieron de hacer uso de la última palabra, oportunidad que tienen los imputados de exponer sus peticiones al tribunal que los ha procesado.

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Pablo Gómez, exempleado de Casa Presidencial, fue el único que rechazó declararse culpable y expresó su última petición a los tres jueces.

“Quiero perdibles que hagan una consideración a mi persona. Me considero inocente de las acusaciones que me hace la Fiscalía, es un error en el caso de mi persona”, dijo Gómez.

Ayer en el último día de juicio, los alegatos finales estuvieron a cargo de los abogados de Julio Rank, Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez. El abogado, Lisandro Quintanilla, alegó que Rank ha justificado el uso de 8.3 millones de dólares que la Fiscalía asegura que desvió de la cuenta institucional de Casa Presidencial.

Además defendió que el patrimonio de su cliente ascendía a los 800 mil dólares en sueldos y bienes adquiridos legalmente.

En el caso de Herrera más que beneficiarse en el gobierno de Saca, sus finanzas -trascendió en el juicio- registran deudas y embargos por falta de liquidez.

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De Rodríguez, el abogado Roberto Claros defendió que su patrimonio está respaldado por la legalidad, mientras Gómez, dijo que solo cumplió órdenes superiores sin percatarse del ilícito que había detrás. En una de sus cuentas, la Fiscalía dice, que tenía 1 millón de dólares.