Varios jóvenes detenidos según la Policía por violar la cuarentena domiciliar están alojados en el Centro de Contención en el edificio Gamaliel del Tabernáculo Bíblico Bautista en la colonia Escalón. Foto EDH / Yessica Hompanera
Tras lo sucedido, el joven relata que informó a los agentes de la Policía Nacional Civil a cargo de la seguridad del centro Gamaliel, y que a su vez les mostró los golpes que le habían hecho, pero no hicieron absolutamente nada. “Pudieron haber matado a una persona de los que habemos aquí y por ellos (policías), todo está bien gracias”.
El modus operandi del grupo
El método que empleaban los supuestos pandilleros consistía en verificar que la persona que golpearían estuviera en el lugar adecuado, luego un grupo de 15 hombres la rodeaban y procedían con las manos y los pies contra él como suele suceder en los penales, explicó Christopher. “Más de diez personas sufrieron ese maltrato físico”, detalla.
Después de la golpiza y como no había ninguna sanción, las personas para evitar esos problemas se hacían las dormidas y se cubrían de pies a cabeza con las sábanas.
En pocos días ese grupo de hombre hizo lo quería; a otros los atacaron en los baños. Ahí, dice, llegaba el grupo a darle la paliza y las autoridades, añade, mejor se encerraban para no oír nada. “Nadie se meta porque le puede ir peor”, les amenazaban los agresores.
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Sobre estos hechos se solicitó una versión de la Policía, Fiscalía y la seguridad del centro Gamaliel.
La Fiscalía afirmó a través de su vocero de prensa que desconocía de esos hechos. En tanto la corporación no contestó.
No obstante, uno de los oficiales de la Policía en el Gamaliel, quien prefirió no identificarse, negó que en su turno se hubiere registrado esos hechos que, a su juicio, sí sucedieron debió haberse detenido a los agresores, haber levantado un acta policial y notificarlo a la Fiscalía.
Ante esa falta de aviso, Fiscalía no pudo iniciar las investigaciones ni solicitar a Medicina Legal que evaluara los daños en las víctimas.
Pero la gota que derramó el vaso fue la noche del 3 de mayo, en que los disturbios obligaron a las autoridades a trasladar a 90 personas entre ellos los 15 hombres señalados como matones del centro y llevados a confinamiento en San Miguel.
Ese movimiento ayudó a mejorar el clima de convivencia en el Gamaliel, solo quedaron 42 persona de casi 223 que había; además de haber resuelto la carestía de agua y alimentos denunciadas.
Otras necesidades
En lo que no hay solución es en la falta de resultados e información de las pruebas de COVID-19 que les hicieron el jueves anterior (hace más de diez días), a diferencia de los 90 que trasladaron a San Miguel, que se las hicieron dos días después (el sábado) y el lunes fueron dados de alta, e incluso los protagonistas de los incidentes en el Gamaliel.
Christopher dice que le hicieron la prueba del COVID-19 en los primeros días de ingresar y salió negativo; tras eso acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y esta admitió un recurso de hábeas corpus. Como medida preliminar ordenó que se le hiciera las pruebas y si salían negativas que fuera enviado a su casa.
Sin embargo, asegura que dijeron que habían descubierto un infectado y que ese era el motivo para no darle el alta, pues tenía que pasar el proceso de observación. El sospechoso fue llevado a otro centro donde no le hicieron la prueba y a los dos días lo mandaron a su casa. Entre tanto Cristopher, que sigue estable y sin presentar síntomas del virus sigue en confinamiento.
“El estrés está en su máximo nivel ahora porque solo hay 42 personas porque las 96 que trasladaron a San Miguel ya están en sus casas y nosotros todavía seguimos en el Gamaliel”, manifestó.
Y no solo eso afecta la salud mental de Christopher. “Yo perdí mi empleo, mis hijas están súper mal, mis padres también, por mi depresión me mantengo durmiendo la mayoría de tiempo”, afirma el joven, quien además sufre de hipertensión arterial.
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