“El Decreto 594 (que el pasado 14 de marzo se aprobó para restringir derechos fundamentales en vista de la pandemia del COVID-19) incurre en una serie de violaciones constitucionales”, afirma categóricamente el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) en un pronunciamiento conocido este domingo, día en que la Asamblea Legislativa sesiona de forma extraordinaria para analizar la posibilidad de una extensión al Estado de Excepción.
El capítulo salvadoreño de esta organización sostiene que este decreto se aprobó con el concurso de suplentes sin que se haya comprobado por qué los diputados propietarios no pudieron asistir; que no se hizo a través del Consejo de Ministros sino del presidente, como ordena la carta magna; que delega al Ejecutivo en el ramo de Salud determinar la extensión de las restricciones y que no es proporcional, pues sus efectos son en todo el país y no en zonas con afectación comprobada.
Por ello, este grupo de abogados especializados llama a no prorrogar estas medidas. Originalmente, estas fueron aprobadas por 15 días, los cuales vencen hoy, y según el artículo 30 de la Constitución, pueden ser renovadas una vez más por el mismo periodo si las causas que motivaron la suspensión de derechos se mantienen.
El grupo de juristas reconoce la crisis del COVID-19 y en atención a ello lanzó otras recomendaciones para abordar la crisis sin despegarse de la legalidad.
Por un lado, piden desarrollar en el decreto 593, que declaró estado de emergencia, “estándares internacionales que rigen en situación de emergencia”, como han sido desarrollados por la ONU y el sistema interamericano de derechos humanos.
También exigen establecer reglas concretas de acceso a la información durante la emergencia, especialmente en lo relativo a las contrataciones para paliar la crisis, los contratos que se deriven, el uso de los $2,000 millones que la Asamblea aprobó al gobierno negociar hace unos días y toda información de transferencias monetarias a personas afectadas por la crisis.
DTJ y Acción Ciudadana llaman a no abandonar la legalidad
Por su parte, la organización Acción Ciudadana (AC) llamó a los diputados a no aprobar una prórroga del estado de excepción, pues a su juicio el Estado tiene la capacidad de hacer frente a esta crisis sin suspender derechos fundamentales de la ciudadanía. “Pedimos a la Asamblea Legislativa que no apruebe esta prórroga, pues se carece de la debida justificación constitucional”, afirmó en un comunicado AC.
Además, pide al Ejecutivo y al Legislativo usar sus facultades “de forma responsable, y no utilicen subterfugios legales para establecer restricciones excesivas e inconstitucionales”.
La Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) se sumó a las voces que previenen de una prórroga al estado de excepción, considerando que la primera declaratoria no fue constitucional por no haber emanado del Consejo de Ministros. Asimismo, recuerda que en caso de prorrogarse, solo podría ser por 30 días.
DTJ pide que la Asamblea Legislativa exija llenar estos vacíos para no incurrir en ilegalidades y le llama a “establecer claramente los límites de actuación de las autoridades públicas”. Esta Fundación considera clave que no se permita más “opacidad e improvisación en el manejo de la crisis”. Por ello, considera que el Legislativo debe requerir del Ejecutivo informes periódicos de sus acciones y de las estadísticas que maneja.
El Congreso también debe exigir, añade la organización de sociedad civil, que convoque a un equipo de científicos para diseñar e implementar su estrategia, proveer equipamiento adecuado a quienes combaten el virus en primera línea, priorice hacer pruebas a centros de cuarentena y resuelva el estado de los privados de libertad inconstitucionalmente, propicie el retorno de los salvadoreños aislados en el extranjero e informe sobre el protocolo para tratar a los compatriotas deportados. Además, exige al Ejecutivo informar cómo se manejará el paquete de subsidios a los afectados por la crisis.
Cuarentena nacional es “jurídicamente errónea”, afirman el IIDC
El Instituto Iberoamericano manifestó además que de forma errónea, “el Ministerio de Salud ha emitido (un decreto) por el cual se declara todo el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, y consecuentemente ordena que ninguna persona natural puede circular”.
Además, considera que en la aplicación de esta disposición, ha habido abusos de poder por medio de los cuerpos de seguridad. Estos excesos fueron abordados por la Sala de lo Constitucional al resolver una petición de hábeas corpus.
Por ello, llaman a que se regule “la situación de cuarentena de manera proporcional y siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia constitucional”, lo que a su juicio implica eliminar “los efectos sancionatorios que no le corresponden y limitándolos a sus fines sanitarios”.
Además, piden destinar únicamente a la Policía Nacional Civil (PNC) a esta tarea de mantener el orden y prescindir de la Fuerza Armada por no ser esta una tarea que le corresponde.
El IIDC también llama a garantizar que los medios de comunicación y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vigilen los centros de contención y que certifique si no se viola derechos fundamentales de quienes están en cuarentena.
Pronunciamiento del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador ante el fin de la vigencia del régimen de excepción. pic.twitter.com/M6ZsglRJVz
— IIDC Sección El Salvador (@iidc_sv) March 29, 2020