El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentó el miércoles un aviso ante la Fiscalía por el delito de hurto agravado contra la periodista Julia Gavarrete, de la revista Gato Encerrado.
El Idhuca calificó el hecho como una intimidación contra la periodista, quien sufrió el hurto el pasado 2 de julio en su vivienda.
Gavarrete explicó durante una conferencia de prensa virtual, que ese día salió por un promedio de tres horas de su vivienda hacia Casa Presidencial para cubrir una conferencia del ministro de Salud, Francisco Alabí, pero cuando llegó a su casa, encontró la puerta de su habitación abierta y desordenada.
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Luego se dirigió a la sala donde había dejando su computadora pero esta fue hurtada por los ladrones. De inmediato avisó la Policía y a organizaciones internacionales.
Gavarrete explicó que los ladrones no robaron objetos de valor y otras cosas que habían en la vivienda, sino que solo la laptop.
“No quiero señalar a nadie, a simple vista puede ser un robo simple, pero es importante denunciarlo y que se investigue de inmediato”, explicó la profesional.
Gavarrete señaló que es primera vez que sufre este tipo de ataques en físico. Sin embargo, denunció las ofensas que sufre en su cuenta de Twitter cuando realiza publicaciones contra el Ejecutivo.
Para el Idhuca el decomiso de los equipos de trabajo de la profesional “se podría relacionar a su labor periodística de realizar investigaciones a profundidad”.
En la misma conferencia participó el abogado del Idhuca, Arnau Baulenas, quién hizo un llamado al Fiscal General, Raúl Melara, a que realice una investigación a profundidad y con la importancia como otros casos.
“Pedimos una investigación rápida y eficiente de parte de la Fiscalía. El periodismo en el país debe realizarse sin coacciones, en un país con democracia no se debe poner en peligro la libertad de expresión”, sostuvo el abogado español.
Baulenas añadió que el robo contra la periodista se suma al acoso que han sufrido otros medios de comunicación que realizan publicaciones contra el gobierno.
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“Hay evidencias, hechos de seguimiento que son víctimas varios periodistas. Nos consta la censura y burla de parte del Ejecutivo contra ellos.
Para el Idhuca el Estado está obligado a investigar el tipo de ataques contra los periodistas y sobre todo el robo a la periodista de Gato Encerrado.
El 9 de junio pasado la YSUCA publicó la muerte de 15 ancianos y 143 más contagiados en el Asilo Sara Zaldívar de COVID-19, un dato que el gobierno no había revelado ante los medios de comunicación. Además, de otras noticias que difieren con los intereses del gobierno.
Otros medios digitales independientes han revelado posibles actos de corrupción en el gobierno. Recientemente el sitio saludconlupa.com publicó la posible corrupción en la compra de mascarillas a una empresa del expresidente del Fonaes, Koky Aguilar por $250,000.
Además, Revista Factum, Gato Encerrado, El Faro y El Diario de Hoy, han informado sobre compras y gastos irregulares o con sobreprecios de parte del gobierno de Nayib Bukele durante la emergencia del COVID-19.
Según el último informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), suman 61 ataques de acoso y amenaza contra la dignidad y el trabajo de los periodistas en lo que va del gobierno de Nayib Bukele.
La Apes se solidarizó con la periodista Gavarrete y se sumó al llamado de la Idhuca en pedir una investigación sobre el hurto.