La Cámara de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de que entregué las versiones públicas de los informes de probidad de los funcionarios.
Se deben dar a conocer aquellos informes de presunto enriquecimiento ilícito de los casos en los que ya resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2018.
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La resolución que se dio ayer deja sin efecto la decisión de la Corte Plena de la CSJ de “no acatar la resolución” y que en agosto de 2018 argumentó que acceder a los informes significaba violar la Constitución y que se vulneraba el derecho a la seguridad y a la intimidad personal.
“Se desestima la pretensión planeada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en contra del Pleno del Instituto de Acceso a la Información”, reza la resolución.
El IAIP emitió un comunicado en el que informa que se mantendrá vigilante del desarrollo de la administración pública.