El Grupo Promotor de Acceso a la Información Pública, conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, se pronunció hoy en contra de las reformas realizadas por el Órgano Ejecutivo al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP), por considerar que fueron inconsultas y vulneran los principios de legalidad y publicidad, así como la competencia normativa de la Asamblea Legislativa y de los límites de la potestad reglamentaria.
Por esta razón, el jueves presentaron una demanda en la Sala de lo Constitucional para pedir que invalide dichas reformas.
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Las organizaciones señalaron que las modificaciones al RELAIP no son las únicas acciones que se han dado para menoscabar la fortaleza e independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y el derecho humano a acceder a la información. Ellas expresaron que, esta semana, el presidente Nayib Bukele también nombró como comisionados para dicho ente, por parte del sector de periodistas, a dos comisionados que fueron escogidos en un “proceso ilegal, carente de transparencia y sin participación ciudadana”.
Para el Grupo Promotor, estas situaciones demuestran que hay una política pública del Órgano Ejecutivo de ir desmontando los aparatos de control del poder con la intención de tapar ocultar actos de corrupción.
“Existe una política que lo que busca es tapar actos de corrupción, porque si no fue eso ¿por qué otro motivo vamos a desmantelar estos dispositivos de seguridad, el reglamento de la LACAP, por qué se recurriría a artificios que lo que hacen es debilitar las posibilidades de control sobre las acciones o decisiones que toma el Ejecutivo y que la mayoría de veces están alineadas a temas de dinero?”, cuestionó Wilson Sandoval, coordinador de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que integran el Grupo Promotor.
Para las organizaciones civiles, estas acciones buscan darle mayor discrecionalidad al Ejecutivo en la toma de decisiones.
“La discrecionalidad más opacidad lo que va a dar como resultado es corrupción. Si el Ejecutivo sigue en el intento de desmantelar los dispositivos que tenemos de rendición de cuentas, participación ciudadana y se esconde la información lo que vamos a obtener es corrupción”, enfatizó Sandoval.
Xenia Hernández, de Centro de Estudios Jurídicos, recordó que la creación de la ley y del Instituto ha permitido tener acceso a la información con la que se han logrado destapar varios casos de corrupción en los diferentes gobiernos.
“El acceso a la información pública lo que permite es que la sociedad pueda ejercer una contraloría más profunda, más participativa; y no es únicamente desde la ciudadanía y sociedad civil, sino también desde el periodismo de investigación”, apuntó Hernández.
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Ella destacó que es por esta vía es que se ha podido conocer el mal uso de los fondos públicos que están haciendo algunas instituciones y reiteró que si se tiene menos acceso a la información hay menos oportunidad de generar una contraloría e indagar qué es lo que están realizando en las instituciones públicas.
“Estamos pidiendo que se respete el acceso a la información y denunciando las malas prácticas que está haciendo el Órgano Ejecutivo. Si perdemos estos avances que hemos tenido en acceso a información vamos a regresar a una opacidad más grande sin poder controlar qué se están haciendo con los fondos públicos y eso puede generar retrocesos en el desarrollo de nuestro país. Es un detrimento continuo para quitarle la fortaleza al Instituto”, expuso Hernández.
Javier Castro, en representación de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), manifestó que durante la pandemia del COVID-19 ha habido una tendencia del Ejecutivo a debilitar los controles para luchar contra corrupción.
El Grupo Promotor lamentó la falta de compromiso de la Presidencia de la República y exhortó a la ciudadanía a permanecer vigilante para no permitir retrocesos en el ejercicio de sus derechos y en el combate a la corrupción