Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) acudieron ayer por la mañana al Ministerio de Defensa a realizar una inspección programada a archivos militares durante el conflicto armado.
La comisionada presidenta del IAIP, Silvia Cristina Pérez, dijo que llegaron por una diligencia programada para las 9:00 a.m. con el apoderado legal del ministro de Defensa, René Merino, y militares que se encontraban en la entrada del ministerio les impidieron el ingreso.
Ante esto, el IAIP solicitará una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los comisionados esperaron durante una hora para saber si les iban a dejar ingresar para poder tener acceso a los archivos, pero les dijeron que el apoderado legal estaba en otras audiencias.
El martes se realizó la audiencia en el IAIP con miembros de la comisión especial de Memoria de la Universidad de El Salvador contra el Ministerio de la Defensa, para el acceso a los archivos militares de los operativos realizados por la Fuerza Armada a la entidad educativa durante el conflicto armado.
La presidenta del IAIP señaló que en esa audiencia el apoderado del ministro no se negó a la diligencia programada para el viernes a las 9 de la mañana, por lo que procedieron a asistir para tener acceso a los archivos.
Según las autoridades del IAIP hicieron todas las notificaciones de ley para que el ministro de Defensa, en caso de tener alguna oposición a la información que se estaba solicitando, se opusiera en el momento procesal oportuno.
“Mandó al apoderado legal al procedimiento para que compareciera y así lo hizo e intervino en la audiencia, sin embargo, en la audiencia misma nunca se agregó ningún tipo de incidente ni de medidas cautelares, ni se negó tampoco el incidente de recusación que posteriormente se alegó”, dijo Pérez.
La comisionada Liduvina Escobar señaló que durante la diligencia fueron vigilados y fotografiados con cámaras y celulares y circuló un dron que tomó imágenes.
“Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales este tipo de intimidación de la que fue objeto nuestro equipo”, expresó Escobar.
La Universidad de El Salvador (UES) lamentó que la diligencia haya sido obstaculizada.
“Reiteramos que la Universidad de El Salvador, persona jurídica con derechos, no ha podido ejercer plenamente el derecho de acceso a la información pública, ni el derecho a la verdad al negársele, en varias ocasiones, la información vinculada a hechos que constituyen graves violaciones a derechos humanos cometidas contra la comunidad universitaria en el contexto y durante el conflicto armado interno”, dice en un comunicado la UES.
La solicitud de la UES es para verificar si existe información relacionada a las intervenciones militares de julio de 1975 y de octubre de 1981, que documenten el ejercicio de las fuerzas armadas en relación al atentado contra Félix Ulloa, exrector de la UES; la desaparición de Salvador Ubao, además de información sobre violaciones a derechos humanos contra miembros de la comunidad universitaria entre 1970 y 1995.
La misma mañana el ministro Monroy publicó un tuit donde exponía que: “Este día (ayer) se presentaron al EMCFA (Estado Mayor Conjunto de las FF. AA.), funcionarios del IAIP para ingresar a los archivos institucionales, irrespetando una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Han bloqueado la salida de las instalaciones. Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad”.
La comisionada Pérez indicó que el ministro se refiere a una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo relacionada a otro procedimiento con fecha 6 de febrero del 2017, por lo que no tienen relación con el procedimiento que realizaban ayer.
Añadió que tampoco hubo bloqueo con vehículos a las instalaciones del Ministerio de Defensa, ya que el transporte en el que se conducían fue parqueado donde los militares que se encontraban en la entrada de la institución les indicaron que los colocaran.
El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción manifestó en un comunicado que la Fuerza Armada está obligada a cumplir con las resoluciones del IAIP, ya que es el ente encargado de garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública, cuando las instituciones del Estado niegan entregarla injustificadamente.
“La única vía legal que existe para no cumplir con una orden del IAIP es un mandato judicial. Para el caso en concreto no existe orden judicial alguna que pueda impedir la realización de dicha diligencia, tal como fue aclarado por los comisionados”, dice el documento.