Las propuestas de reformas que el presidente Bukele planteó para la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) restringen casi totalmente el acceso a la datos del Estado y marcan un retroceso en materia de transparencia. Es decir, un retorno de unos 10 años, cuando no existía esta ley y las cuentas del sector público permanecían ocultas.
Así lo consideraron algunos ex comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quienes indicaron que esto se suma al deterioro de la transparencia experimentado en los últimos años.
Te puede interesar: Asamblea elimina de su sitio web la propuesta de reformas a la Ley de Información Pública
Entre las reformas principales que el Ejecutivo promueve a la Asamblea, de amplia mayoría oficialista, está la reserva de información oficiosa, aumentar a 20 días el plazo para entregar información al ciudadano y darle voto preferente al presidente del IAIP. Con esto, la ley queda prácticamente inhabilitada.
La semana anterior, esta polémica propuesta que socava duramente la transparencia fue retirada sin mayor explicación de la agenda legislativa. Sin embargo, el pasado martes volvió a aparecer como pieza de correspondencia y al final de la plenaria fue remitida a estudio de la comisión de Legislación.
El excomisionado Carlos Ortega, quien fue el primer presidente del Instituto desde 2012, consideró que la propuesta de reformas a la LAIP “restringe el acceso a la información pública totalmente”. Además, cuestionó el actuar de los actuales comisionados y del Instituto, señalando que “han manoseado todo, la Ley, el reglamento lo están modificando a cada rato y están guardando información”.
Puede leer: Gobierno de Bukele da “tiro de gracia” a la Ley de Información Pública
En ese sentido opinó la comisionada de la primera generación del IAIP, Herminia Funes, quien destacó que pese a que el país había avanzado bastante en términos de transparencia, con esta iniciativa de Bukele se retorna a un pasado opaco.
“Se está viendo esta serie de reformas, las cuales no dan luces de que se quiera mejorar. Representan un retroceso y el querer prácticamente estar sepultando la LAIP y todas las bondades que esta tenía en un país en donde la corrupción es tan grande”, manifestó.
César González, quien fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto en su primera generación, dijo que sería “lamentable” la aprobación de tales reformas que buscan ampliar los plazos de entrega y de apelación, puesto que van en contra del principio de prontitud de la LAIP.
Además, destacó que en la primera propuesta de reforma se pretendía ocultar las declaraciones patrimoniales de funcionarios, mismas que han permitido determinar enriquecimiento ilícito y han llevado a procesar a personajes de la talla de los expresidentes Mauricio Funes, hoy prófugo, y Elías Antonio Saca, actualmente en prisión.
Un excomisionado que prefirió el anonimato planteó que con esta iniciativa el Gobierno busca protegerse temporalmente.
“Estos cambios permiten esconder las evidencias, y sin estas e información no hay denuncias. Con las reformas quedarían escondidas las diferentes acciones que pudieran dar indicios de corrupción”, lamentó.
¿Qué ha ocasionado el deterioro?
A juicio de la excomisionada Herminia Funes, el deterioro de la transparencia se ha dado por acciones como el proceso de selección de los nuevos comisionados, las vinculaciones partidarias de estos, así como las reformas al reglamento de la institución que han dado al presidente del IAIP, Ricardo Gómez, una serie de atribuciones que permiten concentrar el poder.
Funes expuso que si el IAIP es un ente colegiado es para promover la discusión y tener muchos criterios, no para imponer una agenda única.
Además, añadió que ha sido clara y notoria la vinculación de comisionados actuales al Gobierno deNayib Bukele. A inicios de 2020, se nombró a Juan Carlos Turcios, quien venía de trabajar en un ministerio y tras ser recusado de múltiples audiencias por posible conflicto de interés, renunció.
Sin embargo, esa práctica se repitió y actualmente hay incluso una comisionada que fue precandidata a diputada de Nuevas Ideas.
“No se necesita hacer un gran análisis para saber que habrían comisionados con vínculos muy estrechos con el Ejecutivo, la pregunta es ¿se puede ser un Instituto independiente?, ¿realmente va a exigir cuentas a todos?”, cuestionó.
Agregó que “es bien difícil cuando usted recibe directrices desde la Presidencia porque los oficiales de información comentan que no pueden hacer su trabajo por las directrices ser reciben de Casa Presidencial”.
Reformas al reglamento
Uno de los intentos de golpe constantes a la LAIP ha sido reformas a su reglamento para debilitarla, pese a que las leyes tienen prioridad sobre los reglamentos y es ilegal que estos las limiten. Además, estos vienen del Ejecutivo, lo cual deja claro el interés de opacidad detrás.
El excomisionado Ortega explicó que el deterioro del Instituto comenzó tras modificaciones al reglamento.
“Bukele ha hecho las modificaciones reglamentarias y se vuelven legales aunque para el acceso a la información sea negativo”, lamentó.
Estas reformas históricamente han ido en el sentido de restarle poder al Instituto, empoderar más al presidente o volver engorroso el proceso de solicitar información. Las últimas reformas de este tipo se aprobaron en agosto de 2020.
Sacan a personal técnico
Por otra parte, Carlos Ortega señaló que el Instituto ha despedido al personal capacitado sobre la LAIP.
“Me da tristeza que lo primero que han llegado a hacer es a quitar personal que estaba capacitado” para fortalecer la transparencia dentro del Instituto garante de la misma, criticó el excomisionado.
El exjefe de la Unidad Jurídica enfatizó que el IAIP ha estado cambiando líneas resolutivas en perjuicio de la población.
“Un claro ejemplo fue la decisión de no grabar las sesiones del pleno, situación que va contra criterios anteriores en los que se le ordenó a la Universidad de El Salvador entregar sesiones de sus cuerpos colegiados o incluso sesiones de la Corte en Pleno”, sopesó.
También señaló que a nivel administrativo se ha visto que se ha solicitado la renuncia de jefaturas.
“Esta inestabilidad laboral genera deterioro en el trabajo mismo”, señaló e intuyó que deja incentivos a quienes siguen trabajando de alinearse para conservar su empleo.
El excomisionado que solicitó no revelar su identidad sostuvo que “los comisionados deben tomar decisiones independientes y creo que eso no se está logrando”.
Además, lamentó que al ocultar cada vez más la información, el país va en sentido contrario de las principales democracias del mundo. “El Salvador estaría aislándose de esa comunidad que es global, de muchos otros países que están promoviendo el acceso a la información y la transparencia. Se están negando esos principios que ya se habían acordado hace unos 10 años”, concluyó.