El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene en trámite diferentes solicitudes de información sobre funcionarios públicos, entre estos una solicitud que ha hecho un ciudadano sobre los contratos del secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y sobre el estado de salud del presidente de la República Nayib Bukele, el cual está a la espera de la audiencia.
Cristina Pérez, comisionada presidenta del IAIP, dijo que todas las solicitudes que han sido remitidas al IAIP han sido atendidas, pese a que han estado limitados de personal en la institución.
Manifestó que el caso del presidente Bukele tendrá cierta tramitación y luego lleva todas las etapas procesales, no han dado una resolución definitiva y ya fue trasladada la solicitud a la presidencia de la República para que proporcione un informe y no ha llegado a etapa de audiencia, donde al final de los procesos determinará el IAIP si se debe o no entregar la información.
“Dentro de los casos que hemos recibido hay de bastante importancia para la ciudadanía, es ahí donde se enfatiza el punto relevante de la transparencia y que es importante que este derecho no se vuelva a suspender porque la ciudadanía demanda esa información. Hemos recibido en torno al plan de repatriación de los hermanos que se encuentran fuera del país, … hemos recibido también sobre el caso de presidencia de la República, de la contratación o contratos que tenga el licenciado Conan Castro”, dijo Pérez.
Añadió que han recibido también toda la temática en torno a la emergencia por COVID-19 acerca de peticiones al ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La comisionada del IAIP, Liduvina Escobar, señaló que debido a la suspensión de plazos que se dio debido a la cuarentena se dio un retroceso en el tema de transparencia por no tener acceso a la información pública en esos momentos, cuando existe una obligación de los entes obligados (Gobierno y municipalidades) sobre todo cuando hay una emergencia nacional, de dar información sobre la ejecución de fondos públicos, y que en el caso de que haya entes que no quieran proporcionar la información entonces iniciarán procesos sancionatorios, de darse los casos.
La presidenta en funciones del IAIP mencionó que para mantener el trabajo de la institución y la protección de datos de la ciudadanía indicaron directrices en cuanto a obligaciones para la rendición de cuentas donde facilitó una herramienta tecnológica para que los entes obligados retroalimentaran la plataforma con la información de cada institución pública.
LEE TAMBIÉN: IAIP estudiará negativa de Capres de informar sobre salud de presidente Nayib Bukele
El IAIP también recibió la denuncia contra el Ministerio de Hacienda, sobre la divulgación de datos personales de 5 millones de salvadoreños contribuyentes, la cual está en proceso, “creo que este caso va a ser un reto para el instituto analizarlo con mucho cuidado porque precisamente hoy por hoy nosotros tenemos el emblemático caso de ser el ente rector en materia de datos personales y creo que va a ser un caso que va a marcar en esta materia”, señaló Pérez.
Otro de los casos cuestionados es el del director de Centros Penales, Osiris Luna, a quien ya se le solicitó que diera la información sobre los viajes privados que realizó y quién fue la persona que los proporcionó, pero en su caso, dijo Pérez no la ha entregado razón por la que proceden procesos sancionatorios como parte de las facultades del IAIP.
“El instituto ya estableció una resolución definitiva, que es una obligación que debía de darla (Luna) pero hasta esta fecha no la ha rendido, entonces a partir de eso este instituto inicia este proceso sancionador. Pueden facilitarse otro tipo de mecanismos, por ejemplo podría solicitarse la ejecución forzosa para que de forma judicial puedan entregar esta información o puede mandarse a la Fiscalía General de la República, porque aunque el IAIP sea una institución administrativa sus resoluciones se tienen que cumplir, son obligatorias”, expresó Pérez.
La presidenta del IAIP también dijo, sobre la relación de la comisionada Cesia Mena con el partido FMLN, que ella tiene una plaza como suplente y que no recibe salario por ese trabajo sino una denominada dietas, razón por la que los suplentes buscan otras formas de trabajo, bajo el cumplimiento del artículo 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y que la comisionada tiene una plaza en la Asamblea Legislativa y no está asignada a un partido político.