Una vez más el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) recibe un golpe a sus funciones, con la orden avalada por comisionados afines al Ejecutivo de realizar una auditoría al correo institucional, con el argumento de que la información no llega al Instituto o que los entes obligados no reciben los mensajes.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Funde, considera que con esta nueva acción están tratando de ejercer presión en el personal del IAIP para incomodarlo, y que bajo esa presión algunos lleguen hasta renunciar al Instituto, el cual tiene una plantilla importante de abogados que tienen la convicción de poder trabajar de forma objetiva, desde el punto de vista jurídico, en los casos que se presentan en la entidad.
“Con este tipo de acciones donde les van a decir que les van a auditar sus correos electrónicos (a los empleados), como también van a intervenir los correos de los otros comisionados, lo que quieren es, aparte de la presión y la incomodidad, amenazar en el sentido que estos tres comisionados tienen el poder de generar un menoscabo al personal”, dice Sandoval.
Xenia Hernández, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) dice que se ha observado que tres meses atrás, públicamente no ha habido conocimiento de “serias irregularidades” en el sistema correos electrónicos del IAIP, pero que con las últimas actuaciones irregulares en el Instituto, y en detrimento del acceso a información y debilitamiento del mismo IAIP, esta decisión hecha de forma “acelerada” le genera dudas y mayor desconfianza de las acciones que han venido labrando los nuevos comisionados afines al gobierno.
“Pareciera que quieran iniciar una cacería de brujas al interno del IAIP usando como excusa problemas en sistema informático”, señala.
Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), expone que es una nueva acción que se suma a las preocupaciones que han sido vistas en el IAIP desde la llegada de los nuevos comisionados afines al Gobierno.
“Se advierte una clara escalada de acciones que están llevando de forma acelerada al debilitamiento del derecho de acceso a la información y al desmantelamiento del IAIP. El tema de las auditorías en los correos del personal del IAIP preocupa que sea una acción orientada a intimidar y presionar al cuerpo técnico del Instituto, y con ella buscar que se retiren o que los remuevan, y con ello seguir debilitando al IAIP”, sostiene Castro.
Presiones a los independientes
Castro añade que también puede haber presiones para los pocos comisionados que aún se mantienen independientes. “El llamado es que tanto el personal técnico, así como los pocos comisionados que son independientes, se mantengan firmes y no cedan ante cualquier acto de intimidación”, opina.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, manifestó que la auditoría debería ser para garantizar la seguridad del correo electrónico de la entidad, para que no se filtren los correos, ya sea por ataques de hackers, que puedan sacar información de los correos institucionales.
“Si el objetivo es fiscalizar la comunicación entre miembros del Instituto o de miembros del Instituto con otra institución, eso ya es una interferencia de comunicaciones que podría constituirse en una ilegalidad, o incluso una violación a derechos que podría tener otra connotación y otra responsabilidad para el Instituto de Acceso a la Información Pública”, sostiene Escobar.
Según el director ejecutivo de Acción Ciudadana se tiene que asegurar que sea inviolable el correo institucional del IAIP, para personas que quieran obtener información e infiltrarse en el sistema, pero que si lo que quiere es realizar un “monitoreo” de qué es lo que escriben los empleados o funcionarios del Instituto, estas serían ilegalidades o inconstitucionalidades.
Wilson Sandoval, de ALAC, cree que es necesario hacer un análisis de la legalidad de la acción que quieren realizar en el IAIP, pues según dice el objetivo general de los términos de referencia de la contratación del servicio de auditoría es un “análisis de seguridad y fiabilidad del sistema e infraestructura del correo electrónico del Instituto”.
El mismo documento detalla que mediante la auditoría determinarán “la necesidad de implementar una herramienta de monitoreo de envíos de correo electrónico, en el que se permita identificar el recurso al que se envió el correo electrónico, el estado del envío, si fue abierto o no y en caso de que hubiese un error, el detalle del mismo, para tomar acciones técnicas que ayuden a mitigar este problema”.
No ve malicia en el Instituto
Sandoval, de ALAC, no cree que los empleados del IAIP quieran filtrar información de manera maliciosa que busque dañar al Instituto.
Sin embargo, ve con preocupación una cacería de brujas que responde a un interés de tipo político, para desarticular una plantilla de abogados que ha estado al servicio de la población y que está recibiendo una mayor presión con el tema de la auditoría de los correos.
Sería de conocer si los comisionados afines al gobierno, que están promoviendo esta auditoría serán también auditados, añade y señala que ellos han sostenido reuniones privadas con funcionarios y se desconoce los temas tratados.
“Esperemos que esta no sea una burda excusa de supuestas dificultades al correo institucional, y más bien sea utilizada como medida disuasiva o de intimidación a los empleados del IAIP que quieran denunciar irregularidades”, dice Xenia Hernández, del CEJ.
La jurista y experta en transparencia añade que el personal “está en su derecho y por la misma Ley de Ética Gubernamental les dice es un deber ético hacerlo (denunciar irregularidades). Si esa es la verdadera razón, pues yo instaría a que cada empleado de IAIP si conoce de hechos ilegales o actos de corrupción los denuncien y no permitan que la corrupción avance en el Instituto”.