El inicio de la pandemia de covid en 2020 marcó además los últimos destellos de la defensa de la transparencia por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ente que realizó un acucioso trabajo de procurar la transparencia y defender el derecho a saber de los ciudadanos ante bloqueos de información de las dos administraciones del FMLN. Gracias a sus comparecencias, se pudo conocer casos de malos manejos de recursos en la administración pública.
Todavía queda en la retina la imagen de las cuatro comisionadas -dos de ellas interinas- frente al portón del Estado Mayor siendo hostigadas por drones mientras intentaban acceder a los archivos militares de la masacre de El Mozote, de la cual el IAIP había ordenado a ese departamento entregar.
Ese evento se volvió uno de los primeros intentos de parte del gobierno de Nayib Bukele de anular la labor del Instituto, el cual se había caracterizado hasta la fecha por su independencia, al estar conformado por cinco comisionados de cinco sectores sociales (las universidades, los periodistas, los sindicatos, los abogados y los empresarios) con sus elecciones de forma plural, en las cuales participaban las principales asociaciones de esos sectores.
“El Instituto trataba de cumplir su función bajo la filosofía bajo la que se había creado: entregar a la ciudadanía la información, quien es la verdadera propietaria, y fortaleció el trabajo de la prensa. Una prensa que se fortalece a través de las peticiones de información”, recuerda Serafín Valencia, relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Un mes antes, es decir, en febrero de 2020, el presidente Bukele había nombrado como comisionado del IAIP al expresentador de televisión juvenil Juan Carlos Turcios, quien venía de trabajar en el ministerio de Gobernación.
La sociedad civil criticó su nominación por el conflicto de interés al ser Turcios exempleado de Gobierno y además porque su elección fue contra el reglamento: solo se convocó a dos organizaciones de periodistas-Cafocares y Aspies- y se dejó fuera la más crítica, la APES.
La presión hizo renunciar a Turcios, pero eso era solo el comienzo. Unos meses después, en agosto de 2020, Bukele reformó en secreto el reglamento del IAIP de forma que puso trabas a la entrega de información. Dio más poderes al presidente del Instituto y estableció que se debía apelar primer a la institución de gobierno que negara la información y no al IAIP, dando más tiempo a la posibilidad de ocultar los datos solicitados.
En una doble jugada, Bukele además nombró dos comisionados que terminaron mostrando su alineamiento con el gobierno, algo contrario al espíritu del ente, con sus silencios y votaciones en algunos casos que favorecían la opacidad en la entrega de datos de funcionarios públicos.
Se trató del comisionado presidente Ricardo José Gómez, exprocurador adjunto, y el comisionado por el sector de periodistas, un abogado no un comunicador, Luis Suárez, quien terminó renunciando al cargo en mayo pasado luego que la bancada legislativa de Nayib Bukele lo impusiera como magistrado de la Sala de lo Constitucional en detrimento de la Sala anterior.
“Hay evidencias del acoso que se ha hecho al Instituto, hay evidencias de que se ha seleccionado funcionarios que responden a derechos ajenos al del derecho a la información pública y esto ha desembocado en afectación de procesos de información que son de importancia para la ciudadanía”, resume Wilson Sandoval, experto en transparencia.
Pero esas no son las únicas maniobras del Ejecutivo contra la independencia del IAIP estos dos años de pandemia. El año pasado se inició el proceso de destitución de la comisionada Liduvina Escobar, quien había reclamado independencia para la institución, pero fue acusada de filtrar información.
“En el fondo lo que estaba ocurriendo era el desmantelamiento de esta institución la cual desde su creación desde 2011 era la única que garantizaba que tuviera la garantía en conocer la información que le era negada en procesos de petición a través de las oficinas de información pública, fungía como una especie de tribunal que garantizaba que la gente tuviera la información como verdadera propietaria de ella”, recordó Valencia.
Pero no solo eso. Bukele además incluyó en diciembre de 2020 una comisionada que había sido candidata de Nuevas Ideas, el partido que el presidente promovió desde 2018, comisionada que terminó siendo apartada por la Sala de lo Contencioso por recursos en su contra.
“Esto desemboca en la inclusión de algunos comisionados que evidentemente no cumplen los requisitos. Hasta que desembocó en la inclusión de comisionados que tienen claras vinculaciones políticas como es el caso de la comisionada Roxana Soriano, candidata del partido Nuevas Ideas”, recordó Sandoval.
Así las cosas, con esas acciones y las reformas que están en camino y que han sido frenadas dos veces ante la presión porque la vuelven aún más inoperante, el IAIP dista mucho de lo que en tiempo llegó a representar en materia de fiscalización de la cosa pública.
“Se había creado para transparentar la administración pública. Ha retrocedido dos décadas, desde cuando se comienza a soñar con el acceso a la información que produce el Estado hasta que se crea la ley, pasaron dos décadas y esas dos décadas retrocedieron en tan solo dos años”, resume Valencia.