La organización Human Rights Watch (HRW) condenó los golpes a la democracia y a la institucionalidad perpetrados en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele y sus aliados de la Asamblea Legislativa. Así lo reveló en su Informe Mundial 2022 en el que "analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países".
El organismo criticó las decisiones que se promueven desde el Ejecutivo para que a través de sus diputados que asumieron desde el 1 de mayo de 2021 se aprueben leyes que le permitan al gobernante obtener el control absoluto de los tres órganos del Estado.
"La independencia judicial, abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, educación, cárceles y cuarteles policiales, así como maras y violencia, desapariciones, rendición de cuentas y justicia", además de la vulneración de algunos derechos humanos y ataques a periodistas son parte de los aspectos que se cuestionan en el informe.
"En 2021, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura debilitaron gravemente el sistema de contrapesos democráticos", señaló HRW al hacer referencia a la destitución y al reemplazo de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general a solo horas de la toma de posesión de los diputados oficialistas, por el hecho de que los funcionarios no compartían sus ideales, los primeros con sus sentencias y el segundo por las investigaciones sobre corrupción en el gobierno.
El organismo criticó que los magistrados impuestos por el oficialismo para integrar la Sala de lo Constitucional resolvieran a favor de que Bukele pueda optar a la reelección presidencial inmediata, pese a que la Constitución de la República lo prohíbe.
HRW lamentó que en ese marco, además, la Fiscalía General de la República (FGR) haya puesto fin al acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que investigó irregularidades durante la emergencia por el COVID-19.
"La impunidad por abusos perpetrados por el gobierno es la norma", afirma la organización en su informe en lo relacionado al aspecto de la rendición de cuentas y justicia, donde cuestiona el bloqueo al acceso de información pública y las normativas avaladas por la Asamblea liderada por el oficialismo para proteger supuestos actos de corrupción que podrían haberse cometido durante el inicio de la pandemia.
"En mayo, la legislatura otorgó 'inmunidad' a funcionarios gubernamentales y contratistas ante procesos penales y administrativos relacionados con compras de emergencia por la pandemia de COVID-19... En octubre, la Asamblea reformó la ley para 'aclarar' que la 'inmunidad' no se refería a actos de 'corrupcción', 'soborno' o cualquier actividad similar", se lee en el informe Human Rights Watch.
"La falta de transparencia y rendición de cuentas" por parte del gobierno provocó que la Agencias de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) reorientara los fondos que "inicialmente eran destinados a la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública hacia organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos" del país, planteó el organismo que vela por los derechos humanos alrededor del mundo.
Añade que, incluso, entre julio y septiembre, la administración de Joe Biden incluyó a algunos de los funcionarios de Bukele en la lista Engel "de personas señaladas de haber participado en actos significativos de corrupción".
Otras leyes del Ejecutivo
El informe también menciona las reformas que promulgó el gobierno y que fueron avaladas por su bancada y diputados afines para remover a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio y que otorga ciertas facultades a las autoridades del Órgano Judicial y de la Fiscalía.
"Estas leyes disponen que la Corte Suprema y el fiscal general concedan excepciones para que jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio permanezcan en su cargo por 'razones de conveniencia en el servicio' o por 'la complejidad o (la) especialidad de sus funciones'. La ley afecta a un tercio de jueces del país", indicó.
La propuesta de Ley de Agentes Extranjeros que se encuentra pendiente de aprobación en la Asamblea es otra de las iniciativas promovidas desde el Ejecutivo que de ser avalada "podría limitar gravemente el trabajo periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil", advierte HRW.
Ataque a periodistas
Para la organización, "desde que asumió la presidencia, Bukele ha atacado la credibilidad de medios independientes, a los cuales acusó de difundir 'noticias falsas' o de responder a intereses políticos".
Según destaca el informe, entre enero y agosto de 2021, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registraba 173 agresiones contra periodistas, entre estas acoso digital, restricciones al ejercicio de la profesión y al acceso a la información pública.
También retoma algunas advertencias que han hecho funcionarios de la administración Bukele contra quienes ejercen la profesión y son críticos del gobierno, entre estas la que hizo en junio pasado el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en una entrevista radial, donde expresó que estaban "dando seguimiento a periodistas, a quienes acusó, sin presentar pruebas, de 'intención de generar apología'". Mientras, en octubre, el vicepresidente Félix Ulloa dijo que "algunos (periodistas) deberían de ser procesados por calumnia, por difamación".
HRW manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "otorgó medidas cautelares a 34 miembros de El Faro, tras considerar que estarían siendo objeto de hostigamiento, intimidaciones, amenazas y estigmatización por motivo de sus actividades periodísticas".
La inseguridad
Aunque aclara que cuando culminó el informe no estaban disponibles las cifras de homicidios con las que cerró 2021, HRW dijo que en 2020 se cometieron 1,322 homicidios en el país, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil.
El número de personas desaparecidas es otra de las preocupaciones que plantea el organismo al afirmar que entre enero de 2014 y noviembre de 2020, las autoridades reportaron más de 13,000 casos, que superarían el registro de desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador "que se estima entre 8,000 y 10,000.
A raíz de la violencia que acecha al país, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reportaba entre 2011 y octubre de 2020 que hubo 71,500 desplazados internos, apunta el informe.
También señala el irrespeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, a los de las personas con discapacidad y de la comunidad LGBT.