Quince concejos municipales que fungieron entre 2002 y 2006 son investigados por la Fiscalía General por supuestas negociaciones ilícitas con el ex diputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira por un monto de $8,841 877.65.
La investigación abarcó a 26 alcaldías que hicieron negociaciones con la empresa constructora que era propiedad el exdiputado, pero las auditorías financieras determinaron irregularidades en 15 de ellas.
“Estos integrantes de concejos municipales que hemos determinado que realizaron algún tipo de negociación ilícita con el ex diputado Silva, obviamente van a ser investigados por otros tipos de delitos”, dijo Rául Melara, Fiscal General.
La mayoría de estos concejos municipales corresponden a alcaldeías de la zona oriental del país. Estas son: Moncagua, Jiquilisco, San Agustín, Ozatlán, Berlín, Santa Rosa de Lima, Bolívar, La Unión, Santa Catarina Masahuat, Acajutla, San Alejo, El Carmen, Santa Ana, Santa María y San Juan Nonualco.
“Son miembros de concejos municipales en la época en la que más o menos él era diputado”, dijo Melara.
El mayor monto de las negociaciones fue hecho por la alcaldía de Berlín, Usulután. Según la investigación fiscal, esta comuna le pagó a la empresa de Silva $1.4 millones, mientras que la de Acajutla le dio $1.2 millones por supuestas obras comunitarias.
Aunque las investigaciones están avanzadas, más adelante se podría determinar si otros concejos municipales tuvieron negociaciones con el exdiputado y que lo enriquecieron de manera ilegal, afirmó el fiscal Melara.
Silva enfrentará audiencia
Para el próximo 2 de febrero está programada la audiencia peliminar contra Silva Pereira, quien guarda prisión en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.
El exdiputado suplente enfrenta la acusación fiscal de sobornar alcaldes (cohecho activo) y de lavar dinero hasta por $10 millones, que habría recibido de las alcaldías por las supuestas obras construidas.
Estas presuntas negociaciones ilícitas se hicieron entre 2002 hasta marzo de 2006, es decir, antes de su elección como diputado suplente para el período 2006-2009.
Las irregularidades fueron detectadas por Fiscalía a raíz de un reporte de operaciones sospechosas que determinaba que varias cuentas de sociedades fachada como CED S.A y Provecom, provenían de actividades delictivas que realizó Silva cuando presuntamente sobornó a concejales de 15 municipalidades.
El exdiputado les ofrecía y entregaba dinero a los alcaldes o concejos municipales como soborno para que le adjudicaran proyectos de construcción de obras comunales a sus empresas, sin cumplir con los requisitos para licitar de acuerdo a la Ley Lacap, según la acusación fiscal.
Los fondos que recibía de la alcaldías por proyectos supuestamente realizados por las empresas de Silva, los colocaba en el sistema financiero, para después utilizarlos en la compra de bienes inmuebles, vehículos de lujos, yate, gastos suntuosos que tenía él y su esposa.
Silva Pereira a través de su empresa de construcción, les ofrecía a los alcaldes ejecutar proyectos de las alcaldías pero no cumplía el procedimiento adecuado según la ley Lacap, afirmó un fiscal del caso.
El exdiputado fue deportado el 8 de enero de 2020, luego de 13 años de ser prófugo de la justicia salvadoreña. En 2006 entró ilegalmente a EE. U., pero en octubre de 2007 fue arrestado por Interpol y el FBI en una zona residencial de la ciudad de Anaheim, California. Pasó 10 años en una prisión de Arizona, en espera de ser deportado al país.