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Hacienda pide reorientar $10.1 millones de ingresos tributarios para la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia

De esos fondos, $2 millones son para cubrir déficit en el Órgano Legislativo para pagar a proveedores y otros compromisos “impostergables”. También solicita una asignación de $8.1 millones para indemnizar a jueces destituidos y hacer una nivelación salarial por la nueva estructura del Órgano Judicial.

Por Eugenia Velásquez | Oct 19, 2021- 11:20

Plenaria 5 octubre 2021. Foto EDH Yessica Hompanera

Un monto total de $10.1 millones pide el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que sean reorientados del Fondo General del Estado a la Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia.

Según la solicitud que hizo llegar el funcionario a la Asamblea el pasado 13 de octubre, $2 millones servirán para que el Órgano Legislativo “cubra necesidades de carácter impostergable y dar cobertura a varios requerimientos de alta importancia y emergentes de diferentes Unidades organizativas de esa instancia Legislativa en lo que resta del presente ejercicio fiscal 2021”.

Señala que esos recursos también serán utilizados para dar cobertura a obligaciones de corto plazo que se han contraído con proveedores o que “eventualmente podrían adquirirse en lo que resta del presente año y que serían de carácter ineludible”.

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El presupuesto para la Asamblea aprobado en 2020 para funcionamiento de este año fue de $58.3 millones; pero según Zelaya la petición es de la Junta Directiva de la Asamblea que ha solicitado al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario por el monto de $2 millones.

El argumento de la Directiva es que hay “riesgo de un posible desfinanciamiento y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de corto plazo y las necesidades en bienes muebles e infraestructura de la Asamblea Legislativa”.

Hacienda asegura que es posible atender la demanda de los diputados debido a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal, por lo que esa institución ha determinado que el monto recaudado en algunas fuentes específicas de ingresos refleja excedentes con relación a las estimaciones programadas al mes de septiembre de 2021 hasta por un monto de $2 millones, lo cual permite financiar la solicitud de la Asamblea.

La distribución de los $2 millones quedaría así: $1 millón para Administración Financiera Institucional; $567,942 para el área de Comunicaciones; y 442,992 para el pleno, comisiones y asistencia legislativa.

Lo anterior contrasta con las declaraciones del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, del partido oficialista, quien explicó a inicios de la actual legislatura que la institución bajo su administración tendría un ahorro de $7 millones.

Asimismo, Hacienda solicita un incremento de $8.1 millones para pagar indemnizaciones a los jueces que aceptaron jubilarse de acuerdo al decreto legislativo No. 144 del 31 de agosto de 2021, en el que de facto el gobierno pidió a la Asamblea dar un segundo golpe al Órgano Judicial destituyendo a decenas de jueces que cumplieron 60 años de edad o que ya tienen 30 años de tiempo laborado.

“De igual forma el Artículo 6 del referido Decreto Legislativo reforma a su vez las clases y categorías de Magistrados y Jueces, estableciendo que la Corte Suprema de Justicia deberá hacer los ajustes necesarios para la nivelación salarial que la nueva estructura de categorías exija”, dice la petición de Hacienda.

Zelaya explica que es posible hacer frente a esa asignación de recursos debido a la aplicación de medidas fiscales y a la eficacia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal, por lo que existen excedentes recolectados en estimaciones programas al mes de septiembre de 2021 por el monto solicitado por la Corte Suprema de Justicia.

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El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para el presente ejercicio fiscal es de $341.7 millones.

Las peticiones deberán ser conocidas mañana miércoles en el pleno. Si los diputados deciden aprobarlas mañana mismo solo se requieren de 43 votos de los diputados y solicitar la dispensa de trámite, es decir, pasar a aprobación del pleno sin mayor estudio en la Comisión de Hacienda, más que solo para emitir los dictámenes favorables.

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