Los Gobiernos de Guatemala y El Salvador han asestado sendos golpes a la lucha anticorrupción en las últimas semanas con el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción (CICIES) por parte del presidente Nayib Bukele y la destitución hace unos días del Fiscal especial de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por parte del Ministerio Público de Guatemala.
En El Salvador, la medida del Gobierno de Bukele causó críticas de parte de organizaciones que luchan por la transparencia y el Estado de Derecho, mientras que en Guatemala la destitución del Fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval provocó masivas protestas de ciudadanos en la capital vecina.
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Estados Unidos no ha pasado por alto ambas decisiones y en el caso de Guatemala, la decisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, provocó que ese país cortara la cooperación que envía al Gobierno de Alejandro Giammattei.
La portavoz adjunta del departamento de Cooperación, Jalina Porter, declaró que la remoción del fiscal reflejaba “un patrón de comportamiento que indica la ausencia de compromiso con el imperio de la ley y la independencia judicial”.
En el caso de El Salvador, Estados Unidos ya había retirado la ayuda en el área judicial luego de la remoción considerada ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal general por parte de la Asamblea Legislativa que tomó posesión el 1 de mayo pasado y provocó condenas de Estados Unidos y la Unión Europea.
Roberto Zúñiga, enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte, mostró su desaprobación sobre el desmantelamiento de la CICIES esta semana en una conferencia.
“Infelizmente hemos visto un retroceso en instituciones democráticas. Gran parte está vinculado a problemas de centralización del poder”, expresó el enviado especial de la Casa Blanca