Las muertes por COVID-19
ocultas en el Triángulo Norte


Cifras de muertes por COVID-19, entre el desorden y la manipulación

Dos instituciones del Estado registran las muertes por COVID-19 en el país, pero sus reportes no coinciden. Hoy el número de personas fallecidas por coronavirus depende de cuál de las dos entidades sea la fuente de consulta.
Evelin Vásquez
elPeriódico

A un año y dos meses del primer caso de coronavirus reportado en Guatemala, se desconocen muchas cosas como la fecha en la que vendrán las vacunas rusas que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) pagó por anticipado, si existen suficientes ventiladores para asistir a pacientes graves contagiados, cuál es el porcentaje real de la ocupación hospitalaria, cuánto se ha ejecutado del presupuesto aprobado por el Congreso para la atención de la pandemia y, por inverosímil que parezca, cuántas personas han fallecido a causa del virus.

Esto último se debe a que las dos instituciones del Estado que registran las muertes por COVID-19 no se ponen de acuerdo. Cada sistema contabiliza de forma distinta los fallecimientos por SARS-CoV-2 y la diferencia es de más de 2 mil casos.

Entre el 13 de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2021, el MSPAS registró 7 mil 353 muertes a causa del COVID-19, mientras que el Registro Nacional de las Personas (Renap) reportó 9 mil 593 en el mismo periodo. La diferencia es de 2 mil 248 fallecidos, lo que significa que por cada cien muertes registradas por el Renap, Salud solo reconoce 75.

Sobre esta diferencia cuantitativa ninguna autoridad da una explicación clara. La cartera de Salud acepta que hay un subregistro que aún está en investigación y a la fecha todavía actualiza el número de muertes por coronavirus del año pasado.

Ajenos al desorden administrativo entre Salud y el Renap, el personal médico del país alimentaba ambas bases de datos desde los quirófanos y pasillos donde atendían a pacientes graves que perdían la vida a causa del virus. Los números eran enviados a ambas instituciones, pero no llegaban a tiempo o eran analizados de distinta manera.

En julio del año pasado, se registró el mayor número de fallecidos por la pandemia. Hoy, Salud continúa actualizando la base de datos de ese mes, pero, ¿qué pasaba entonces en los hospitales?

En Guatemala los cementerios municipales designaron un área especial para fallecidos de COVID-19. Fotos elPeriódico

Julio, el más cercano a la muerte

Un nuevo turno médico iniciaba en el Hospital Roosevelt, era una mañana calurosa de julio de 2020 y la primera ola de la pandemia por COVID-19 en el país estaba en su pico más alto: los casos de contagios superaban los mil diarios.

El sistema de salud estaba colapsado. A pesar de la escasez de pruebas de coronavirus, cientos de personas asistían a consulta cada día. Todos los casos positivos eran admitidos, no importaba si era un paciente asintomático, con síntomas leves o graves.

Los días eran atípicos, angustiantes y cansados. El doctor Rodolfo Zamora, del área de intensivo de COVID-19 del Hospital Roosevelt, inició su jornada colocándose su bata, el traje de protección personal, un par de guantes, una mascarilla tras otra, la careta, una bata más y un par de guantes extra. “Había que asegurarse de que todas las áreas estuvieran protegidas”, explicaba semanas atrás Zamora con un tono de desaliento.

Los familiares tienen prohibido visitar a la fecha a sus seres queridos quienes fallecieron por coronavirus. Los encargados de los comentarios han colocado una cruz para identificar a cada persona. Fotos elPeriódico

La situación era crítica, los doctores eran insuficientes y era una enfermedad nueva. Existía escasez de oxígeno, insumos médicos, trajes de protección y camillas. “Nosotros intentábamos aguantar a la gente lo más que podíamos, lo último que queríamos era recurrir a la ventilación mecánica. Era dormirlos, hacer el último intento, pero estábamos seguros de que la mayoría morirían”.

Ese escenario era muy parecido en la Unidad Periférica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde el personal de salud atravesó la misma crisis: en una sala diseñada para 20 personas había 60 pacientes contagiados. Era un ambiente pesado y caótico. La desesperación de los médicos hizo que tomaran medidas de alto riesgo.

Víctor Figueroa, médico del área de intensivo del IGSS, recuerda ver cómo sus compañeros decidieron quitarse el equipo de protección para salvar la vida de más personas. “No podíamos hacer nada por los pacientes. Era una enfermedad desconocida, nos faltaban insumos y equipo”, recuerda.

Una tarde de julio del año pasado, la más complicada para el personal de Salud del IGSS, fallecieron 20 personas en el intensivo. “Recuerdo que mi teléfono no paraba de sonar, era el chat del turno, los residentes informaban los decesos de los pacientes. Vibraba y vibraba en mi bolsillo y estábamos haciendo todo lo que podíamos”, menciona Figueroa con un nudo en la garganta.

Al inicio de la pandemia el Ministerio de Salud ordenó que los entierros por COVID-19 se realizaran en el lugar donde fallecían, pero esto cambió y ahora permite trasladar el cuerpo a los cementerios locales donde residían los pacientes. Fotos elPeriódico

Fueron decenas de pacientes los que murieron en julio del año pasado, el mes más denso en cuanto a contagios y fallecidos en Guatemala, según los reportes del Ministerio de Salud y del Renap. Desde entonces ya había discrepancias entre las estadísticas, pues la cartera consignaba 1,711 fallecidos, mientras el Renap registraba 2 mil 273, una diferencia del 33 por ciento.

Para Salud, el 6 y 11 de julio fueron los días con más casos de fallecidos por COVID-19, contabilizando 73 muertes cada día, le siguió el 13 del mismo mes, con 72 decesos. Mientras, el Renap hizo un conteo distinto, pues consignaron más de 72 fallecidos durante 16 días del mismo mes; además, según sus estadísticas, fue el 10 julio la fecha con el número más alto de muertes, llegando a 98, le siguen el 11, con 94, y el 13, con 96. Las diferencias eran muy marcadas.

Al terminar su turno, el doctor Zamora revisó la bitácora y preguntó por don Luis, Javier, Sofía y doña Esperanza, las enfermeras y residentes no tenían buenas noticias: todos ellos habían muerto. Ese día de julio, uno de los más difíciles en el área de intensivo que el médico recuerda, fallecieron 10 personas. Pero no había un momento para el duelo, había más pacientes afuera esperando por una cama.

Durante la primera ola de la pandemia en el país, registrada entre junio y agosto de 2020, Salud reportó 3 mil 813 muertes por COVID-19, mientras que el Renap registró 4 mil 860 fallecidos. Los meses siguientes los casos se redujeron, no obstante se mantuvo una marcada diferencia en las cifras de ambas inst

¿Desorden administrativo o manipulación deliberada?

El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud explicó que el reporte de casos de fallecidos se obtiene de los informes diarios que proporciona la red hospitalaria pública y privada, el IGSS y de Sanidad Militar.

Esos datos se ingresan al Sistema de Información Gerencial de Salud 2 (SIGSA-2). No obstante, existe un rezago en la actualización de cifras por distintas causas, que van desde el envío de información o resultados de laboratorio atrasados hasta el déficit de personal de digitalización contratado.

A raíz de esto, la cartera creó un equipo de cuatro personas del Departamento de Epidemiología que se retiran de sus labores asignadas por un mes para realizar una investigación epidemiológica sobre los casos y actualizar el tablero de información.

En Guatemala hasta el 1 de junio, el Ministerio de Salud registró 8 mil 214 personas fallecidas por COVID-19. Fotos elPeriódico

La jefa del departamento, Lorena Gobern, admitió el atraso en los resultados y confirmó que existe un subregistro que aún está pendiente de publicar. Admitió que es “imposible” mantener un informe actualizado de fallecidos.

“No estamos ocultando información, solo tenemos muchas prioridades. No recibimos a diario las defunciones de los hospitales. Pedimos que registren bien, pero si no la recogen ya es imposible para nosotros”, justifica Gobern la incongruencia en las estadísticas.

En el Renap los datos son más estrictos. La institución recibe las actas de defunción que son redactadas por los médicos, quienes señalan los motivos de fallecimiento por medio de cuatro causas, desde la causa básica hasta la directa. Con ello detallan toda la secuencia que condujo al paciente hacia la muerte.

El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, Jorge Luis Ranero, considera que es indispensable realizar un registro lo más cercano a la realidad en el país para realizar una vigilancia epidemiológica de la enfermedad, por ser nueva, y verificar su comportamiento, en especial para ejecutar un manejo sanitario de la pandemia con estadísticas certeras.

Para el Ministerio de Salud, 2020 concluyó con 5 mil 952 fallecidos por COVID-19 y con una tasa de mortalidad de 37 por cada 100 mil habitantes. Para el Renap fueron 7 mil 756 muertos y una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes. Hasta abril de 2021, Salud aumentó la tasa de mortalidad a 46 y el Renap a 57 por cada 100 mil habitantes.

Para la defensora de la Salud de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Zulma Calderón, la diferencia de los datos entre Salud y el Renap se entiende como una estrategia de manipulación de las cifras, porque no ha sido una casualidad.

Calderón indicó que luego de realizar evaluaciones en los centros asistenciales del país, el equipo determinó que existe una incongruencia entre los datos oficiales y la realidad de los hospitales en el reporte de fallecidos, pues durante las visitas se localizaron más personas fallecidas de las que anunciaba la cartera.

La defensora de la Salud recordó en específico el día que llegó al Hospital Roosevelt y verificaron la situación de la morgue. “Estaba parada junto a una pila de cadáveres y me explicaban que no tenían espacio para resguardar los cuerpos mientras las familias llegaban. En ese momento nosotros contabilizamos 38 personas fallecidas por coronavirus en cuatro días y Salud decía que eran menos de la mitad, solo en ese centro asistencial”, explica.

El protocolo de Salud señala que al identificar a un paciente fallecido por COVID-19 debe ser reconocido y entregado a los familiares en un periodo de seis horas para exhumarlo, de lo contrario se entierra en una fosa común. Fotos elPeriódico

Otro indicio sobre la manipulación de datos de la cartera de Salud fue evidenciado luego de un análisis de la Defensoría, que revisó el protocolo de atención de la pandemia que se modificó en junio de 2020: luego de aprobar las nuevas directrices, “de la noche a la mañana se aumentó el número de recuperados” y se hizo más lento el registro de los fallecidos. “Esto permitió sustentar la estrategia del semáforo y dar la sensación que la crisis estaba bajo control”, expone Calderón.

La defensora subraya que el MSPAS cuenta con recursos económicos para el manejo de la pandemia y se continúa con debilidades en el sistema de registro de datos, que podría ser rediseñado a partir de una estrategia con lecciones aprendidas luego de un año de la emergencia. “Es vergonzoso que aún se estén incluyendo fallecidos de julio de 2020”, critica.

Determina que la toma de decisiones técnicas y políticas se soporta a partir de conocer la realidad que se puede verificar por medio de los datos. “Se concluye que es débil, que no refleja lo que está sucediendo en el país. Consideramos que se están dejando por un lado los estudios y análisis de datos”, dice.

La atención hospitalaria también es desigual

En lo único que coinciden las cifras del Renap y de Salud es en que la región metropolitana, que incluye al departamento de Guatemala, fue la más afectada y representa el 48 por ciento de los fallecimientos y una tasa de mortalidad del 106.1. Le sigue la región nororiente –Chiquimula, El Progreso, Zacapa e Izabal– con una tasa de 48 y la región suroccidente con una tasa del 38 por cada 100 mil habitantes.

Pero la discrepancia en los datos de fallecidos por COVID-19 no solo se evidenció con los datos. La atención a nivel departamental comparada con Guatemala también fue muy distinta: en el interior del país las áreas de medicina general, centros comerciales, bodegas y espacios del Ejército se transformaron y se adaptaron para atender a pacientes contagiados de coronavirus.

“Tratamos de atender a los pacientes lo mejor que pudimos, con los insumos que nos alcanzaban. Siempre tratamos de solicitar lo que necesitamos, pero la respuesta era y ha sido que no hay presupuesto”, menciona frustrado el doctor Óscar Pérez, del Hospital Temporal de COVID-19 en Zacapa.

Este centro asistencial tiene una peculiaridad: las camillas fueron colocadas en la plaza de comida de un centro comercial. Los locales comerciales que serían utilizados para la venta de zapatos, ropa y otros artículos, se convirtieron en habitaciones, el laboratorio, la cocina y la enfermería del hospital improvisado.

Pero más allá de una infraestructura sin condiciones adecuadas para el sistema de salud, la situación más difícil para el hospital temporal es no poder echar a andar el área de intensivo, a pesar de que existe un espacio y equipo que no es utilizado. Pérez detalló que aún no se utiliza porque no hay personal médico suficiente, como internistas y terapistas respiratorios, para atender los casos graves.

Desde el inicio de su funcionamiento, las autoridades de ese hospital temporal han pedido más personal médico, sin embargo, cuando los pacientes empiezan con síntomas graves son trasladados al Hospital Regional de Zacapa, a 20 kilómetros de distancia, lo que pone en riesgo sus vidas.

A nivel nacional el personal de salud continúa con la atención de pacientes por COVID-19 y el país atraviesa actualmente la tercera ola de contagios. Los médicos Zamora y Figueroa coinciden en que el sistema de alerta en los hospitales nunca se redujo y aunque se consiguió ampliar los espacios de atención, el sistema sigue siendo débil en la asistencia a los pacientes y en evitar que mueran.

El MSPAS y el Renap siguen sin ponerse de acuerdo en las cifras de fallecidos, lo que a criterio de expertos y personal médico impide al Estado tomar decisiones sobre la atención de la pandemia y saber, de cara al futuro, cuánto golpeó realmente el virus al país.

*Este reportaje fue elaborado con el apoyo del International Women’s Media Foundation (IWMF).

El protocolo de Salud señala que al identificar a un paciente fallecido por COVID-19 debe ser reconocido y entregado a los familiares en un periodo de seis horas para exhumarlo, de lo contrario se entierra en una fosa común.
Al inicio de la pandemia el Ministerio de Salud ordenó que los entierros por COVID-19 se realizaran en el lugar donde fallecían, pero esto cambió y ahora permite trasladar el cuerpo a los cementerios locales donde residían los pacientes.
En Guatemala hasta el 1 de junio, el Ministerio de Salud registró 8 mil 214 personas fallecidas por COVID-19.
Los familiares deben despedirse fuera del cementerio de sus seres queridos, porque no está permitido el ingreso a los cementerios.
En Guatemala los cementerios municipales designaron un área especial para fallecidos de COVID-19.
Los familiares tienen prohibido visitar a la fecha a sus seres queridos quienes fallecieron por coronavirus. Los encargados de los comentarios han colocado una cruz para identificar a cada persona.
Los trabajadores de las funerarias y de los cementerios deben utilizar un traje de protección personal, bata, guantes, mascarilla y careta para cumplir el protocolo de bioseguridad y evitar contagios.
El cementerio La Verbena, ubicado en la zona 7 de Ciudad de Guatemala, fue el designado por el Ministerio de Salud para enterrar a pacientes por coronavirus.

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    Créditos

  • Un trabajo por: elPeriódico
  • Con el apoyo de: IWMF
  • Redacción: Evelin Vásquez
  • Edición: Gerson Ortiz
  • Corrección: Alma Muñoz
  • Fotografía: Félix Acajabón
  • Diseño y gráficas: Irasema Méndez



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