El sábado 1 de mayo, en su primera sesión plenaria, la mayoría oficialista aceleró la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República y rápidamente impusieron sustitutos a ellos sin respetar el debido proceso.
Previo a su acelerada y anómala remoción, la Sala de lo Constitucional había sido uno de los principales muros para los abusos de poder del gobierno actual, particularmente desde el inicio de la pandemia. El fiscal general, por su parte, tenía en su despacho una serie de expedientes de presunta corrupción del gobierno actual.
Desde el sábado, en el ambiente político salvadoreño se ha manejado la etiqueta “golpe de Estado” o “golpe a la Constitución” para describir estos sucesos.
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José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), dijo el domingo por la tarde que la etiqueta golpe “describe bastante bien lo que ha pasado”.
En medio de la manifestación en contra de las ilegalidades cometidas en la primera sesión de la mayoría oficialista, Marinero sostuvo que “me parece que provocar un rompimiento del orden constitucional quitando del camino a uno de los 3 poderes fundamentales encaja bien en alguna de las definiciones de golpe de Estado o al menos, golpe a la Constitución”.
El presidente de DTJ añadió que “lo que estamos viendo es una concentración acelerada del poder en manos de una sola persona”.
Esto, pues el presidente Nayib Bukele tiene ahora el control efectivo del Legislativo, cuerpo que está configurándose como un tramitado de los designios de Casa Presidencial y no un contrapeso al poder. Y con las destituciones y posteriores imposiciones de funcionarios, busca sacudirse más filtros.
Esta concentración, explicó Marinero, supone “una nueva forma de acceso al poder ilegítimo, rápido y apresurado, auxiliado por la fuerza pública”.
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El sábado por la noche, tras aprobar aceleradamente decretos de destitución de los referidos funcionarios y sustituirlos sin seguir el procedimiento de la ley, la Policía Nacional Civil procedió a sitiar las sedes de ambas instituciones para que los magistrados y el fiscal impuestos se instalaran.
El presidente de DTJ adelantó que esta modalidad puede ser una de las variantes nuevas de golpes a la institucionalidad en el siglo XXI.