El abogado constitucionalista Enrique Anaya denunció en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema le ha abierto un proceso sancionatorio, según expone, por denunciar ilegalidades cometidas en el nombramiento de magistrados en la Sala de lo Constitucional el pasado 1 de mayo.
Específicamente, Anaya ha señalado a la jefa de la Sección, Quiriam Geraldina Pinto, así como a Oscar López Jerez, Elsy Dueñas, Luis Javier Suárez, Héctor Nahum Martínez y José Ángel Pérez, cuyos nombramientos como magistrados fueron cuestionados por el abogado como “ilegítimos”.
Anaya ha denunciado la violación de sus derechos humanos a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la profesión al iniciársele un proceso sancionatorio como represalia después de publicar una columna en El Diario de Hoy sobre lo sucedido el 1 de mayo.
Ese día la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró a los funcionarios antes mencionados, lo cual Anaya califica como “nombramientos inconstitucionales, ilegales y violatorios de tratados internacionales”.
Para el abogado, la apertura de un proceso sancionatorio en su contra, basado en otro caso que él ha litigado, no es más que “una excusa espuria para intentar acallar mis reflexiones críticas contra el régimen autocrático que se intenta establecer en el país, así como contra los inconstitucionales e ilegales nombramientos de “magistrados” efectuados en esa fecha ”.
Anaya insiste en señalar “la deriva autoritaria que muestra el régimen político del país, acentuada con el golpe de Estado sucedido el 1 de mayo de 2021” y tras el cual fueron electas las mencionadas personas y se “desmanteló el sistema de separación de poderes”, hechos sobre los cuales se ha pronunciado en entrevistas en radio, televisión y periódicos y en sus columnas de prensa.
El abogado le pide a la PDDH que los denunciados rindan informe y que se ordene el cese inmediato de las violaciones a sus derechos humanos.
Se pidió su posición a una fuente oficial de la Corte, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.