La fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ) y la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) a través del programa de fortalecimiento institucional presentaron un informe sobre la investigación del cumplimiento legal de las fases en la reciente elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
Xenia Hernández, directora Ejecutiva de DTJ, explicó que entre los principales hallazgos es que hay tres reglas constitucionales que fueron inobservadas por parte de la Asamblea Legislativa, las cuales son: documentación de los mejores perfiles, prohibición de traslados entre salas y la regla de la renovación.
“Los hallazgos que tenemos no son buenos porque ese es el accionar de los funcionarios en distintos órganos del Estado”, expresó.
El informe detalla que los diputados incumplieron la regla constitucional de documentar los mejores perfiles debido a que no verificaron, ni detallaron cuáles fueron las razones de ponderación para seleccionar a ciertos aspirantes, cuál fue el conocimiento técnico del aspirante que se tomó en cuenta en cada uno de los seleccionados. Según el documento, la elección fue realizada por coincidencia de los candidatos propuestos por un grupo parlamentario.
Las organizaciones recalcan que hasta ahora no se ha tenido acceso público al baremo utilizado para establecer los antecedentes de los postulantes, por lo que se desconoce el proceso que permitió la reducción de la lista de los preseleccionados.
En segundo lugar, se incumplió la regla constitucional de inamovilidad que prohíbe el traslado de magistrados de una sala a otra. Esto se refiere específicamente en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, que pasó de una Sala de Civil a la Constitucional. López Jerez fue impuesto como magistrado de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 después de que el bloque oficialista destituyera de forma ilegal a la Sala de lo Constitucional anterior.
Jerez fue elegido por la Asamblea como presidente de la Corte Suprema de Justicia, aunque nunca formó parte de los listados propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura ni por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), como establece la Ley.
En tercer lugar, se rompió con la regla de renovación, en cuanto a que en un año solamente pueden ser electos un tercio de la conformación de la Corte Plena. Este año se nombraron 10 magistrados por la Asamblea oficialista.
Hernández explica que la destitución inconstitucional e ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional realizada el 1 de mayo, rompe definitivamente con la búsqueda de la independencia judicial.
Irregularidades en elección de Fedaes
Andrea Nuñez, de la fundación Ciudadanos por una Corte Independiente, habló de las irregularidades que observaron durante las elecciones realizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).
Nuñez detalló que entre las violaciones al reglamente de las votaciones, se observó utilización de una tinta que no era indeleble, lo cual no garantiza que en algunos casos se pudiera dar el doble voto, por lo que sugieren el voto domiciliar, para que cada abogado solo pueda ejercer el sufragio en un solo centro de votación
Nuñez agrega que también hubo proselitismo y propaganda alrededor de los centros de votación, violando el reglamento interno.
Según datos de esa organización, esta vez FEDAES tuvo la afluencia de votantes más baja en los últimos 15 años, de un padrón de 32,780 solamente 5,113 abogados ejercieron el sufragio.
Para José Marinero, presidente de la fundación DTJ, al igual que en las elecciones anteriores persiste la falta de perfil de juez o magistrado ideal, lo cual socaba la posibilidad de elegir entre los candidatos que mejor reúnen las condiciones de mérito e idoneidad. “Hemos sido incapaces como país de enderezar el proceso de elección de magistrados de forma histórica y lo que vimos en este estudio es que se reproducen algunos de los vicios del pasado” agregó.
Marinero considera que el incumplimiento de los estándares inconstitucionales de la elección de los magistrados, sin consecuencias, en total de impunidad, debe ser una señal de alerta sobre la calidad del Estado de derecho en el que queremos vivir.