El gobierno salvadoreño actual y demás involucrados deberán responder ante instancias judiciales internacionales por el golpe contra el Poder Judicial del 1 de mayo.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos inconstitucionalmente en esa ocasión han llevado su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC.
Ellos han presentado una demanda y solicitado medidas cautelares por la violación a la independencia de los jueces y magistrados y a la estabilidad laboral, aspectos que no sólo protege la legislación interna, sino en el Pacto de San José, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros tratados.
Posteriormente, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica, para que emita una sentencia de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño.
El caso salvadoreño tiene precedentes en la jurisprudencia interamericana por hechos similares en otros países de Latinoamérica.
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