El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Gómez, siguió ayer con las inspecciones en sedes militares en busca de evidencias que ayuden a esclarecer el múltiple crimen de El Mozote, en 1981. Ayer tocó las puertas de la Segunda Brigada Aérea, en Comalapa, pero una vez más le dijeron no. Es la tercera vez que el gobierno le bloquea además incumplió la orden del juez y la de la Sala de lo Constitucional.
El juez Gómez y comitiva fueron recibidos por un capitán y otra funcionaria, pero fue para decirles que no podían entrar. El juez le preguntó quién dio la orden, pero el oficial no le respondió. El juez levantó el acta y se retiró.
Fue la misma negativa mostrada por el Ministerio de la Defensa cuando el juez intentó revisar los archivos del Estado mayor Conjunto de la Fuerza Armada el pasado 21 de septiembre o cuando el pasado lunes acudió a la Base Aérea de Ilopango.
“Sigue el bloqueo. Hemos observado cómo el capitán Carlos Escobar bloqueó el paso del juez, cometiendo el oficial diversos delitos pero evidentemente por órdenes superiores, sin que explicara quién dio esas órdenes, pese a que el juez se lo preguntó”, relató David Morales, abogado de las víctimas de la masacre.
Morales cuestionó que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y el presidente Nayib Bukele sigan con la actitud “de proteger a criminales de guerra y afectar las investigaciones”.
“Sabemos que esas son órdenes del presidente Bukele y del ministro Merino Monroy de impedir diligencias judiciales de investigación. Fue muy evidente ahora cuando el juzgador pregunta (al oficial) quién le ha dado órdenes y su silencio dice mucho; si ni siquiera le responde al juzgador, esto en todo sentido tiene un propósito de ocultamiento de la información que solo puede tener un fin político de seguir protegiendo criminales de guerra”, insistió Morales, también miembro de la organización internacional Cristosal.
Este tercer impedimento a la inspección de documentación militar como parte del proceso que se juzga a ex altos jefes militares, viene un día después de la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró improcedente la demanda del ministro de la Defensa de impugnar la inspección judicial de los archivos.
En la resolución emitida el 9 de octubre pero dada a conocer el lunes, los magistrados resolvieron que “no se observa el perjuicio que el acto impugnado habría ocasionado en la esfera jurídica de la Fuerza Armada” y que los argumentos expuestos por el ministro Merino Monroy , “más que evidenciar una supuesta transgresión de derechos constitucionales, se reducen a plantear un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con el contenido de la actuación reclamada”.
Reacción airada del gobierno
Bukele rechazó esa decisión en su cuenta de Twitter y enfiló contra los magistrados de la Sala con serias acusaciones. “Es una lástima para nuestro país que tengamos a los magistrados corruptos y vendidos de la @SalaCnalSV. ¡Pero es una bendición que tengamos a Zero!”, escribió acompañando el tuit con la foto de un perro de la división Antinarcóticos de la PNC que ayudó a descubrir una alijo de cocaína valorado en más de $30 millones.
El mandatario también externó su molestia con la Sala porque dijo que en un solo día hubo tres resoluciones contra su gobierno y cerró con la siguiente frase sugerente: “¿Les dolió la incautación de los 30 millones de dólares en cocaína amiguitos?”.
El gobierno ha venido resistiéndose a sujetarse a una autoridad judicial referente a este caso. Ha tratado de justificar su decisión, una de ellas es que se trata de documentos secretos. Incluso, Bukele usó una cadena nacional de radio y televisión el pasado 24 de septiembre en la que dijo que él decide qué documentos desclasifica y mostró una caja con supuestos papeles relacionados al caso, afirmó era lo que habían encontrado y lo entregaría al juez. La acción la hizo pese a asegurar ese mismo día que los documentos que buscan en el Estado Mayor fueron destruidos hace 40 años y que en fin, el juez de San Francisco Gotera no tiene jurisdicción para obligarle a abrir las puertas de las unidades militares.
David Morales dice que con la resolución de la Sala publicada el lunes se desmorona el argumento jurídico al presidente y al ministro de Defensa, y que además es imposible que se confunda archivos militares antiguos y actuales porque las dependencias militares tienen un ordenado y seriado archivo de los documentos.
Ayer se supo que el juez Gómez le ha notificado al presidente Bukele sobre lo ocurrido ayer en la Brigada Aérea y le informa que este día seguirá con las inspecciones en la Brigada de Artillería, en San Juan Opico, La Libertad.
Juez del caso El Mozote programa nueva inspección para este miércoles en la Brigada de Artillería