Gobierno utiliza impago de municipios como arma electoral, afirman analistas

Analistas opinan que el Ejecutivo motiva con sus acciones las protestas que luego estigmatiza. También expresan que en un estado de derecho las leyes deben cumplirse, algo que el Ejecutivo no hace.

Por Violeta Rivas

Oct 06, 2020- 22:15

Detrás de las acciones del Gobierno, al no pagarle a las municipalidades y tampoco pagar salarios a la Asamblea Legislativa, abogados observan una estrategia político electoral en medio de la crisis institucional en el país.

A su juicio, el Ejecutivo pretende aprovecharse de la tensión actual, producto de un impago de su mismo lado, culpando a las autoridades de las alcaldías y del congreso salvadoreño de las medidas de protesta, para posteriormente aparecer, tanto el presidente de la República como sus funcionarios, como los “salvadores” de la situación actual.

“Es una estrategia claramente electoral de desgaste, de debilitamiento a la oposición y a los actuales funcionarios de otros partidos políticos, como una excusa para culparlos y sacar rédito electoral. Nuevas Ideas y el presidente no tienen concejos municipales a su favor y en esta medida lo que quieren es que en los territorios la gente señale a los actuales funcionarios de todos los partidos de oposición a efecto de poder posicionar a sus candidatos”, dice Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Corte de Cuentas auditará al Ministerio de Hacienda por impago del Fodes a las alcaldías

Explica que en el caso de San Salvador, en lugar de estar a favor de la situación de la comuna y con el alcalde Ernesto Muyshondt, lo que está haciendo es impulsar al candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán, para esa alcaldía.

“El tema es sin duda generar caos, conflictos a nivel municipal para que los candidatos de Nuevas Ideas puedan tener una ventaja ante la población y ganar votos. No es solo una intención a nivel de Asamblea Legislativa de debilitar a la oposición sino que estamos hablando a nivel de toda la institucionalidad”, sostiene Escobar.

El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, manifestó que no es posible que el Gobierno diga que no hay dinero para pagar los salarios de la Asamblea Legislativa cuando la Ley del Presupuesto General de la Nación es intocable, haya o no pandemia.

A juicio de analistas, el Ejecutivo pretende aprovecharse de la tensión actual, producto de un impago de su mismo lado, culpando a las autoridades de las alcaldías y del congreso salvadoreño de las medidas de protesta. Foto EDH

“La democracia se está desmantelando, hay un desafío a la democracia, hay desacatos a órdenes judiciales, a convocatorias y hasta actos arbitrarios. Esta es la realidad del problema que vive El Salvador, esta es la realidad que se está sufriendo, esto va escalando día a día, y es demasiado peligroso porque es el camino a la ruptura institucional de la democracia en El Salvador”, enfatizó el legislador.

Añadió que la pandemia exime la responsabilidad del Gobierno de pagar el 10 % que por ley tiene que ser entregado a las municipalidades, y que no depende de letes, cetes o préstamos, sino de los ingresos que entran a las arcas del Estado, donde ya son casi cinco meses de deuda del Fodes.

“Es un acto arbitrario, es incumplimiento de deberes, es una violación de la ley, es el irrespeto a la institucionalidad, por tanto creo que le están tirando querosén al fuego. Ahí tenemos lo que ha pasado, el cierre de la circulación en una protesta porque no se escucha. Hay órdenes expresas de no atender llamados de la Asamblea Legislativa, hay un incumplimiento de deberes del director de la PNC en acompañar al ministro de Hacienda en el apremio, esto jamás había pasando en el país, de 1992 a esta fecha”, expone Vargas.

Alcaldes y empleados municipales protestan frente al ministerio de Hacienda por impago de FODES

Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), opina que todas las asignaciones presupuestarias están en una ley de salarios y del presupuesto y es una obligación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hacer las transferencias.

“Es una obligación de carácter legal que tiene que hacer (el ministro de Hacienda). Él tiene que cumplir con esas leyes y hacer esas transferencias para que se puedan hacer los pagos en la Asamblea Legislativa. Lo que se está viendo con mucha preocupación es que se den estas acciones que más bien parecen querer presionar indebidamente a la Asamblea Legislativa”, señala Castro.

Expone que el Gobierno con estas acciones pretende coaccionar a la Asamblea Legislativa y que se pueden estar realizando conductas tipificadas como delitos, razón por la que ya está notificada la Fiscalía.

“Este tipo de acciones que buscan confrontar, coaccionar, tienen implicaciones de otro tipo porque se está afectado la independencia y el funcionamiento de un órgano de Estado, como es la Asamblea Legislativa”, manifiesta el jurista.

Añade que estas acciones del Gobierno ya habían sido anunciadas en cadenas nacionales por parte del presidente Nayib Bukele, y se veía ya una medida orientada a intimidar a los Órganos del Estado. “Hay una obligación legal y simplemente no se cumple, y en un estado de derecho las leyes están para cumplirse”, dice Castro, de Fusades.

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