Gobierno solo evaluó a seis de cada diez empleados públicos durante el 2018

Aunque es una costumbre que ha ido tomando importancia entre las instituciones de Gobierno, entidades como Presidencia no la realizan, según un estudio de Fusades.

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Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades (al centro) en la presentación del informe. Foto EDH / Menly Cortez

Por Magdalena Reyes nacional@eldiariodehoy.com

2019-06-26 7:35:41

El país requiere de una nueva normativa de la función pública según el estudio “Desafíos y Oportunidades de la Función Pública en El Salvador”, elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en conjunto con otras instituciones.

Entre los hallazgos de la investigación están que las evaluaciones fueron hasta cierto punto ampliamente utilizadas en los ministerios en la última década, con diferentes niveles de cobertura que rondan entre el 32.8% y el 100% de empleados.

En las 14 Carteras de Estado en promedio el 61.42 %, en promedio, ha sido sujeto a evaluación, a excepción de los empleados de la Presidencia a los que nunca se les evalúo su desempeño, según los datos recabados por Fusades.

Aunque el uso de las evaluaciones se ha extendido, los resultados de las mismas generalmente son subutilizados o solo se relacionan con la entrega de incentivos monetarios, especialmente en las instituciones que cuentan con sistemas de escalafón como el Ministerio de Salud.

Otro de los puntos que releva el informe es que el pago de remuneraciones se ha incrementado un 68.7% en la última década, a raíz de contar con mayor número de empleados, la aplicación de ascensos y adoptar políticas como los aumentos efectuados en 2011 y el pago de los escalafones.

También se registró un despunte de la planilla gubernamental, que registró su punto máximo en 2011 llegando a 114,586 empleados, por encima de los 99,602 en 2009, con los que inició el primer Gobierno de izquierda, representando su mayor punto de crecimiento del 12.4 5 %, el despunte, según el estudio de Fusades se dio principalmente debido a la contratación de los maestros del programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) dentro del régimen de Ley de Salarios, así como a cambios en las estructuras organizativas de instituciones como la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobernación.

La clara tendencia de ensanchamiento de la cantidad de puestos laborales, obliga a cuestionar la transparencia de los procesos de contratación y los objetivos a los que responde este incremento, particularmente en el contexto salvadoreño, en el que la gestión del empleo presenta rasgos clientelares que tienden a privilegiar, menciona el estudio.

El objetivo

Según el director del departamento de Estudios Políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez, los insumos para incidir en los tomadores de decisiones para que se retome la discusión de la Ley del Función Pública, que venga a sustituir a una legislación en materia de servicio civil que se encuentra muy dispersas y antigua.

“Es importante modernizarla porque si tenemos al Estado profesionalizado, servidores públicos de carrera, vamos seguramente a tener un mejor servicio para el público, desarrollo económico y por supuesto mejores políticas públicas que al final de cuentas es lo que buscamos”, detalló Rodríguez.

En estos momentos la Asamblea Legislativa analiza un anteproyecto de Ley de la Función Pública, que vendría a sustituir a la Ley del Servicio Civil que fue aprobada hace más de 60 años y que según Fusades y otros sectores ya no responden a las exigencias de un Gobierno modernizado.

El diputado de ARENA René Portillo Cuadra, quien participó en un conversatorio durante la presentación del estudio elaborado por Fusades y otras entidades, especificó que es importante que se revise el anteproyecto de ley porque la normativa actual es obsoleta y no responde a un Estado eficiente.

Agregó que como Asamblea le están dando un compás de espera al nuevo Gobierno, pues debe ser el Ejecutivo el que promueva la aprobación de una nueva ley.

La comisión Adhoc de la Asamblea tiene en discusión un anteproyecto de ley, que está en estudio, pero debe ser respaldada por la Presidencia de la República.

Portillo Cuadra dice que están a la espera que el presidente Bukele le dé la aprobación a dicho anteproyecto o presente un nuevo proyecto de Ley del Servicio Público o se coordine con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para un mayor consenso e insumos que permitan formular la normativa.