La comunidad El Espino de Antiguo Cuscatlán y un grupo de veteranos y sus familias que se apropiaron de terrenos cedidos a la Federación de Ecuestre en San Juan Opico, han sido los desalojos más recientes que abren el debate sobre cómo se manejan estos casos en el país, qué política o protocolo se sigue.
La más reciente es el caso de El Espino, donde 88 familias fueron desalojadas el pasado 18 de mayo, luego de entablar diversas batallas legales que iniciaron en 2014, cuando la familia propietaria del terreno interpuso una demanda contra los habitantes de la comunidad por invasión de la propiedad privada.
El 6 de mayo de 2015 se dio a conocer el fallo que ordenaba a los pobladores desocupar el terreno. El 9 de junio de ese año, el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán ordenó el desalojo, pero este fue suspendido por decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras admitir un amparo interpuesto por los habitantes.
La Sala les otorgó además un plazo de seis meses y ordenó al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para que evaluara la posibilidad de reubicar a las familias en otro lugar; además, debía de incluirlas en algún programa de acceso a una vivienda social.
Pasaron seis meses y el día del desalojó llegó. De acuerdo con algunos habitantes, la propuesta habitacional por parte del gobierno nunca llegó, solo les ofrecido un refugio temporal en la Villa Cenroamericana situada en Ayutuxtepeque, algo que ellos rechazaron por ser un sitio peligroso por la delincuencia.
Fuentes del gobierno han afirmado que sí hubo ofrecimientos de reubicación y vivienda: albergarlos en la Villa Centroamericana o la entrega de $4 mil o $12 mil para que compraran una casa.
Familias desalojadas del Espino se instalan en el bulevard Cancillería
Varias familias que fueron desalojadas del la Finca El Espino, han edificado sus viviendas en los arriates principales del bulevard Cancillería en Antiguo Cuscatlán.
Los afectados piden un terreno cercano para vivir, que es del Gobierno, pero no hay acuerdo todavía, dicen. Mientras tanto siguen viviendo en la calle.
El drama humano de estas familias y de otras desalojadas en otros lugares o que han sido advertidas de ser sacadas, saca a la luz la falta de una política pública de vivienda para estas personas que han vivido muchos años en terrenos ajenos.
Un representante del área social del Viceministerio de Vivienda, Carlos Flores, confirmó la inexistencia de programa de acogida de familias desalojadas como el caso de El Espino y de otros conocidos. El funcionario dice que solo cuentan con proyecto de reasentamiento general para familias que viven en terrenos donde se van a realizar construcciones o ampliaciones de carreteras y otros proyectos del Ministerio de Obras Públicas.
“Lo que el Viceministerio tiene es un programa de reasentamiento general para las familias. Ese programa es para cuando el gobierno hace proyectos de interés nacional, carreteras, pasos a desnivel; con estos fondos apoyamos a las familias que están ubicadas en derechos de vía y que no tienen propiedades, con una alternativa económica y de menor valor”, explicó Flores.
En 2015, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén lanzó con mucho ánimo la Política Nacional de Vivienda y Hábitat (PNVH), con la cual se aceleraría acciones en favor de la población más vulnerable.
IDHUCA pide destituir a juez por ordenar desalojo de comunidad El Espino
Además, el Instituto denunció que durante el desalojo el juzgador le impidió el derecho de actuar como defensor de derechos humanos
La PNVH buscaba hacer efectivo el derecho a vivienda y a un hábitat que eleve la calidad de vida de la población, pero que también dinamice la economía nacional y local.
Sin embargo, a casi tres años de implementada, en la práctica y desde la visión de afectados como en el caso de El Espino sin alternativas de vivienda, aún no se visualiza un cambio en su calidad de vida.
Para el diputado René Portillo Cuadra, la problemática como la de las familias desalojadas en finca El Espino debería de motivar al Ejecutivo a la creación “urgente” de programas de vivienda digna para las familias desalojadas.
“Por eso es que en El Salvador, yo he insistido, lo que necesitamos es una política pública para que exista vivienda digna, no significa regalarles láminas y cuartones desde Fonavipo, significa construir viviendas dignas”, plantea Portillo.
De acuerdo con el legislador, desde el Presupuesto General de la Nación debe destinarse un fondo para la construcción de viviendas.
Para el representante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Arnau Baulenas, la incertidumbre, inseguridad y la desesperanza que viven las familias de El Espino es un ejemplo de irresponsabilidad del gobierno actual, así como de las anteriores administraciones, los cuales han violado el derecho a una vivienda digna.
”Algunas veces simplemente se omite actuar desde el Estado, esperando que las circunstancias y otros actores sociales o privados resuelvan la problemática, sin intervenir”, asegura Baulenas.
Es por ello que Idhuca pide que ante situaciones de igual o mayor envergadura, se cumpla con lo que ha establecido el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
El modelo chileno
Contraria a la situación que viven las familias desalojadas en El Salvador ante la falta de una política publica de vivienda, en otros países como Chile existe un Fondo Solidario de Vivienda, un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que apoya con un subsidio a las familias más necesitadas y estas puedan ser dueñas de una vivienda.
Con estos fondos se permite construir un conjunto de viviendas en un terreno nuevo y propio.
La fundación Techo acompaña, empodera y organiza a las familias para que postulen a este beneficio y logren una vivienda definitiva.
De acuerdo con Wilson Sandoval, exdirector general de Techo El Salvador, en el país sudamericano las opciones legales a nivel de políticas, propicia que a través de la organización se resuelva el problema de vivienda. “Techo El Salvador se ve limitado porque no existen mecanismos desarrollados como los generados en Chile”, compara.
Techo Chile trabaja en campamentos, barrios, también impulsa un trabajo continuo de fortalecimiento de la comunidad, siendo la organización comunitaria el eje transversal de toda intervención.
A juicio de Sandoval, el empoderamiento y liderazgo de los dirigentes de un campamento (asentamiento) juega un rol importante en el desarrollo de la comunidad, pues como líderes tienen la responsabilidad de guiar, acompañar y liderar el proceso de la comunidad.
Luego de organizada la comunidad, Sandoval cuenta que se inicia el desarrollo de la solución habitacional que se comienza con una verificación de que es factible para una familia acceder al subsidio.
Después se ve el tema de terrenos disponibles para dar la solución habitacional. Solventado este aspecto, Sandoval explica que se procede a la regularización, es decir, se trabaja porque las familias puedan adquirir la tenencia segura de los terrenos que habitan.
Finalmente, viene la urbanización consistente en lograr la dotación de infraestructura pública de servicios básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado, pavimentación entre otros).
Otras comunidades a la expectativa de que los expulsen
En el país muchas familias, al igual que las recién desalojadas en El Espino, residen en terrenos que son propiedad de municipalidades, del Estado o privados, y estarían en riesgo de ser expulsados.
En Santa Tecla, por ejemplo, 88 familias de la comunidad Emmanuel, en la colonia Las Palmeras, iban a ser desalojadas en febrero del año pasado, luego de que la Cámara de Segunda Instancia entregó una resolución en la que detalla que avalaba el procedimiento, ya que no cuentan con escrituras de los terrenos que habitan, por lo que hay una apropiación, están allí sin el consentimiento de nadie.
En la resolución judicial se calificó a los habitantes de esta comunidad como invasores, por lo que les ordenó su retiro.
En esa oportunidad, la comunidad hizo protestas para impedir que fueran sacados del terreno y pidieron una solución habitacional al alcalde Roberto d’Aubuisson.
Por el momento, la Cámara no ha fijado nueva fecha para el desalojo de las familias del terreno en donde la alcaldía tecleña planea construir un parque recreativo.
El caso de Las Neblinas
De igual forma, en noviembre del año pasado, los habitantes de la comunidad Las Neblinas pidió a la Fiscalía que resuelva la situación jurídica de nueve familias que, pese a tener recibos de compra, tienen en la amenaza de desalojo.
La comunidad está ubicada en el Km 11 1/2 de la carretera a Los Planes de Renderos, en el municipio de Panchimalco. Una resolución del Juzgado de Paz de esa jurisdicción ordenó el desalojo, medida que se ha podido detener en dos ocasiones.
Familias de El Espino rechazan albergue que ofrece gobierno
Les ha ofrecido en la Villa Olímpica de Mejicanos, pero ellos aseguran que no se trata de un capricho sino que no quieren exponer a sus hijos al peligro.
Según los habitantes, el antiguo dueño de la propiedad, Pedro Andrés Ramírez, habría revendido el terreno a Oscar Orozco Navarrete, poniendo en riesgo su patrimonio, el cual ya habían pagado.
Explicaron que en los terrenos viven diez familias y que desde hace 30 años pagaron por los lotes, pero sus escrituras no fueron inscritas en el Centro Nacional de Registros. Para los habitantes, Ramírez incurrió en el delito de estafa.
Ciudad mujer pedía desalojar a 140 familias
En junio de 2015, las autoridades de Ciudad Mujer pidieron al Juzgado Primero de Paz de San Martín, al oriente de la capital, el desalojo de 140 familias asentados en la comunidad denominada “Rutilio Grande”, que se encontraba atrás de la institución.
La orden de desalojo fue emitida, el pasado 15 de junio, pero la Sala de lo Constitucional ordenó la suspensión de dicha resolución.
Tras una batalla legal, los habitantes lograron que se les adjudicara el terreno y en junio del año pasado el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) inició el proceso de legalización de los terrenos.