Hasta cuatro años de cárcel es la pena máxima para quienes maltraten animales que contiene la propuesta de reformas al Código Penal que presentaron este viernes las autoridades de gobierno ante la Asamblea Legislativa.
La iniciativa complementaría la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal que acordaron el pasado lunes por la noche los diputados de la Comisión Agropecuaria, la cual solo estipula cuantiosas sanciones económicas contra las personas señaladas por ese tipo de hechos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el titular de Agricultura, David Martínez, entregaron la pieza de correspondencia en la Asamblea.
"El maltrato animal será un delito, las penas que estamos proponiendo van de dos a cuatro años de prisión", dijo Villatoro.
En la petición se solicita agregar el artículo 261-A al Código Penal para incorporar el delito de maltrato animal "y a la vez se contempla la modificación del artículo 263, que contiene medidas accesorias", explicó Villatoro.
De acuerdo con información que Agricultura publicó en Twitter, "algunas de las circunstancias que agravan el delito de maltrato animal" serían las siguientes:
- Si se utilizaron armas, instrumentos, objetos, medios o métodos concretamente peligrosos para la vida del animal.
- Golpear un animal con saña.
- Causar la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal del animal.
- Que los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.
"La Ley de Bienestar Animal creará al Instituto de Bienestar Animal y ahí se hará una plataforma para hacer denuncias de maltrato. Esto nos ayudará a canalizar las demandas más ágilmente con las municipalidades, la Fiscalía y la PNC", expresó Martínez.
El pasado 17 de enero, durante una jornada maratónica que culminó pasadas las 10:20 de la noche, los diputados de la Comisión Agropecuaria emitieron un dictamen favorable sobre la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, la cual estaba previsto fuera aprobada en la plenaria que se desarrolló al día siguiente, sin embargo, esto no ocurrió.
En dicha normativa los legisladores consensuaron infracciones que clasificaron como leves, graves y muy graves, las cuales estipulan sanciones económicas que van de entre uno y 10 salarios mínimos del sector comercio y servicio.