Si gobierno movió fondos de partidas presupuestarias para aumentar pensión mínima, es “ilegal”, dicen diputados

Después de que el gobierno vetó el préstamo de $250 millones para incrementar la pensión mínima, Hacienda dice que para cumplir con ese beneficio usó financiamiento para pensiones vitalicias y del presupuesto de 2021.

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Foto EDH / Archivo

Por Eugenia Velásquez

2021-01-20 12:44:36

Ante las declaraciones del Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de que el aumento a la pensión mínima se está aplicando desde enero usando fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria para pensiones vitalicias y otra parte del presupuesto de 2021, los diputados opositores recalcaron que ese movimiento solo lo puede autorizar la Asamblea Legislativa.

“No tenemos información de donde están haciendo ese movimiento, pero claro está que cualquier otro movimiento que transgrede la ley es un acto ilegal y eso si nos preocupa mucho, lo que nosotros estamos claros es que esta Asamblea aprobó el incremento a la pensión y deben empezarlo a pagar a partir de este mes a todos los pensionados, sea del ISSS, del INPEP y del sector privado, ese es un compromiso, los pensionados no pueden estar sujetos al vaivén del manipuleo de las finanzas públicas que hace este gobierno”, afirmó la diputada Yanci Urbina, del FMLN.

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El gobierno informó ayer en un comunicado oficial que el incremento a la pensión mínima ya se está cancelando, que 9 de cada 10 beneficiarios lo están recibiendo, mediante fondos que el gobierno ha tomado de la Cuenta de Garantía Solidaria, que es el ahorro de los que cotizan a las AFP para alcanzar una pensión vitalicia.

Y, además, que otra parte la están tomando de fondos del presupuesto general de la Nación que la Asamblea aprobó para funcionamiento de 2021.

Sin embargo, Urbina manifestó que lo anterior produce un desequilibrio al presupuesto, ya que el presidente Nayib Bukele vetó el decreto legislativo para reorientar un préstamo de $250 millones con el BID para utilizar $125 millones de ese crédito para subir la pensión mínima.

Y un segundo préstamo de $50 millones con el BCIE destinado para la compra de vacunas también fue vetado por Bukele, es decir, que el déficit fiscal del gasto de este año es de $300 millones.

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“Cualquier modificación al presupuesto que es entre entidades del Estado requiere de una aprobación de la Asamblea, lo que está ocurriendo es que la mano arbitraria e ilegal de fondos públicos por parte de este gobierno tiene el propósito de ocultar el mal manejo de los recursos”, añadió Urbina.

El diputado Norman Quijano, de ARENA, reforzó lo dicho por Urbina en cuanto al desequilibrio que se le inyecta al presupuesto al cambiar el destino de las partidas presupuestarias.

“Se refiere al equilibrio presupuestario que debe existir entre ingresos y egresos, se estableció el equilibrio. Lastimosamente las situaciones que se presentan cuando no hay una coherencia en cuanto a las necesidades que tiene la Nación, sino la parte fiscal del país de tener sus líneas de financiamiento del presupuesto”, afirmó Quijano.

Añadió que el gobierno no puede tomar de forma “arbitraria” recursos del presupuesto, ya que estos tienen que ser por decisión de la Asamblea, “que es la única que puede decidir de qué partidas se toman recursos para suplir las necesidades del presupuesto”, dijo.

Tanto ARENA como el FMLN dijeron que esta tarde en la plenaria tienen previsto superar los vetos que hizo Bukele a los decretos que contienen los fondos para el incremento de la pensión mínima.

Al ratificar la Asamblea su decisión de que el aumento a la pensión mínima salga del préstamo de $250 millones del BID, y si el gobierno no lo acepta, el dilema se va a controversia de la Sala de lo Constitucional, atrasando con ello la implementación del presupuesto de 2021.

En este momento no se tiene certeza de que el gobierno esté usando el gasto de este año, ya que con los vetos el presidente desajustó el presupuesto, quedando en el limbo el pago del incremento a la pensión y contradiciendo sentencias de la Sala de lo Constitucional que mandatan a que los presupuestos del Estado deben estar financiados y equilibrados.