La propuesta de reformas a la Ley de Pensiones que prometió el presidente Nayib Bukele que presentaría el pasado 15 de octubre ha quedado en el limbo, pues poco o nada se conoce sobre los avances que esta ha tenido a la fecha. Similar ocurre con el proyecto de enmiendas a la Constitución o la iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros que pese a que de esta última ya hay dictamen favorable para su aprobación esta ha quedado hasta nuevo aviso en la Asamblea Legislativa.
El anuncio sobre las pensiones lo realizó Bukele durante su discurso por la conmemoración del Bicentenario de Independencia el 15 de septiembre. En ese entonces, tras arremeter contra comunidad internacional y restar importancia a las multitudinarias marchas contra los abusos de poder de su gobierno que se registraron ese día, el mandatario se comprometió en cadena nacional a presentar un proyecto de reforma previsional para incrementar el pago de las pensiones a los salvadoreños.
Incluso, en una entrevista televisiva en la que participó el 1 de octubre el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que la iniciativa sería enviada a la Asamblea el día 15 de ese mes y aseguró que debido a que no estaba lista esta no fue incluida en el proyecto de presupuesto de 2022.
Sin embargo, la fecha se llegó y tras una reunión con líderes de sindicatos en Casa Presidencial (Capres), Bukele informó que se tomaría dos semanas para recabar insumos de los trabajadores en el diseño de la reforma a las pensiones.
Dicho encuentro fue cuestionado por los diputados René Portillo Cuadra, de ARENA, y Marleni Funes, del FMLN, al considerar que la reunión que sostuvo el presidente con algunos sindicatos de trabajadores demuestra que el gobernante está “improvisando” para generar expectativa en la población sobre las reformas a las pensiones.
No obstante, la jornada legislativa del 2021 culminó y el proyecto de enmiendas no fue enviado al Primer Órgano del Estado para su respectivo estudio.
Desde que el presidente anunció que se presentaría la propuesta de reforma de pensiones, diversos sectores como economistas, abogados e, incluso, las mismas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han advertido que la reforma buscaría estatizar estos fondos o convertirlos en un sistema mixto.
La oposición legislativa consideró, además, en su momento de que la espera del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del Ejecutivo estaría atrasando el proyecto de reformas.
Para el diputado de ARENA, Ricardo Godoy, el fondo de pensiones es la última salida que tiene el gobierno para financiar el presupuesto de 2022 sino se concreta el acuerdo con el FMI.
“El mensaje es claro, lo que están haciendo es jugando con los tiempos, buscando un financiamiento para el próximo año, porque si no hay un organismo financiero internacional que los ayude al Estado salvadoreño con el financiamiento del presupuesto, el tema de las pensiones será la última salida que tendrá el gobierno para financiarse, lo que quieren es robarse el dinero de las pensiones”, manifestó Godoy en declaraciones que ofreció el 16 de noviembre.
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En el marco de los seis meses de la nueva Asamblea Legislativa liderada por Nuevas Ideas y controlada por Bukele, el economista Rafael Lemus advirtió que ante la apretada situación de las finanzas del país y la falta de acuerdo con el FMI, temía que la opción que vea el gobierno sea asumir la reforma a las pensiones como una reforma fiscal y echar mano de los ahorros de los trabajadores salvadoreños.
“Nueva Constitución”
El proyecto de reformas a la Constitución, cuestionado por abogados, es otra de las iniciativas que aún no ha sido enviada a la Asamblea.
La propuesta de enmiendas fue entregada por el vicepresidente Félix Ulloa al presidente Bukele durante un acto privado el 15 de septiembre y desde entonces no se ha dicho más sobre el contenido de la misma.
El evento se dio a conocer casi a la medianoche de este día a través de las redes sociales de Ulloa y de la vicepresidencia.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, cuestionó en su momento “el silencio” en el que se entregó la iniciativa en Casa Presidencial, así como criticó que el Ejecutivo haya asumido una atribución que expuso le corresponde a la Asamblea.
Advirtió sobre los riesgos para los derechos fundamentales y para la democracia que, según él, se plantean en dichas enmiendas entregadas al mandatario.
“Lastimosamente la Asamblea Legislativa del presidente Bukele lo que está haciendo es aprobar leyes sin mayor discusión ni análisis”, señaló en la entrevista matutina de Megavisión del 16 de septiembre.
En un tuit que el vicepresidente Ulloa publicó el 14 de octubre reconoció que el proyecto de reforma a la Constitución es realmente “una nueva Constitución”, pese a que la Carta Magna establece que solo pueden hacerse modificaciones a la misma.
Ulloa admitió que es una nueva Constitución en un mensaje de agradecimiento al consultor y catedrático español Cayetano Núñez Rivero, quien colaboró en la revisión de propuestas de reforma.
Frenan votación
La votación de la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el Ejecutivo se encuentra paralizada en la Asamblea Legislativa, pese a que el 16 de noviembre la Comisión de Relaciones Exteriores emitió un dictamen favorable al respecto.
El proyecto de ley ha provocado el rechazo de un sinfín de organizaciones e instituciones dentro y fuera del país, presión que ha logrado que el gobierno pusiera una pausa a su aprobación dadas las voces de alerta y condena.
Pese a que esta no ha sido avalada ha generado incertidumbre en algunos de los cooperantes internacionales, como el caso de Alemania.
El 17 de noviembre, día en que se tenía previsto que la Asamblea aprobara la petición, la embajada del país europeo anunció la suspensión de proyectos comunitarios “hasta nuevo aviso”, mientras evalúa las posibles afectaciones de llegar esta a ser avalada.
El anteproyecto de ley establece un impuesto del 40% y castigaría con cárcel a quien “contravenga el orden público”. Tras la controversia que causó la iniciativa, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo que esta sería avalada hasta que haya consenso con el cuerpo diplomático.
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