El presidente de la República, Nayib Bukele, emitió el martes un nuevo decreto ejecutivo para ampliar la cuarentena domiciliar hasta el 16 de mayo.
Sin embargo, este no toma en cuenta las medidas que la Sala de lo Constitucional ha ordenado para evitar abusos de los derechos fundamentales en áreas como los criterios que se aplican para enviar a centros de contención a personas que, según las autoridades de seguridad, violan la cuarentena, la remisión de vehículos de estos presuntos infractores o la obligación de hacer pasar a personal de salud a las casas.
El pasado 15 de abril la Sala le recordó al Gobierno que no es la Presidencia de la República “el Órgano que la Constitución instituyó para la creación de leyes” y que “el abuso” de esa facultad “usurpa una función” del Órgano Legislativo.
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En una resolución del 28 de marzo, la Sala le había ordenado al Gobierno enviar a sus casas a las personas retenidas a menos que hubiese criterios objetivos para considerar a los infractores posibles focos de contagio de COVID-19. El tribunal prohibió el internamiento sanitario forzoso mientras la Asamblea no emita una ley formal que proteja los derechos humanos de los ciudadanos o no se compruebe con medios científicos que hay un posible contagio o exposición al COVID-19 de las personas confinadas.
La normativa para velar porque no se violen derechos fundamentales fue diseñada por la Asamblea y aprobada en el decreto 632, mismo que Bukele anunció que será vetado.
El decreto 21 reitera la obligatoriedad de los salvadoreños de permitir el ingreso de personal del ministerio de Salud a sus casas para verificar las condiciones sanitarias, algo que abogados constitucionalistas han dicho que es inconstitucional porque se viola “la morada”, principio consagrado en el artículo 20 de la Constitución.
El nuevo plazo de 17 días más para la cuarentena viene aparejado con la ampliación del decreto de emergencia que los diputados prevén aprobar este jueves en la plenaria. El estado de emergencia vence este 1 de mayo, pero a petición del Ejecutivo la Asamblea evalúa ampliarlo hasta el 16 de mayo también.
Los diputados de oposición han dicho que para prorrogar la emergencia quieren conocer informes de las entidades responsables de aplicar la cuarentena. Esto, en parte, por las denuncias de ciudadanos que han sido aislados en centros de contención o de informes de tratos crueles, inhumanos o negligentes.
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Para que la cuarentena domiciliar siga vigente, el Ejecutivo necesita que el estado de emergencia continúe, por lo que está sujeto a acatar la solicitud de los partidos mayoritarios, ARENA y el FMLN.
Estos partidos piden que Salud Pública informe de cuántas personas han sido llevadas a cuarentena, cantidad de pruebas del COVID-19 realizadas, cuántos salvadoreños han salido de dichos lugares, así como informes financieros de cómo se están ejecutando los $2,000 millones en préstamos y reorientaciones de fondos del Presupuesto General que han autorizado al Gobierno para enfrentar la pandemia.
Prorrogar la cuarentena domiciliar se da en el marco de la discusión de los diputados para superar varios vetos presidenciales en materia de repatriación de varados, seguro a personal sanitario y refuerzo al ISSS para pago de planillas.
Este es el nuevo decreto ejecutivo #21, que aún incluye medidas que la Sala ha prohibido.
Hacemos del conocimiento de la población, el documento del Decreto Ejecutivo No. 21, que viene a derogar el Decreto Ejecutivo No. 19: pic.twitter.com/CZHENSsFcC
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 28, 2020
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