“En años anteriores las afectaciones (al ejercicio periodístico) provenían de grupos organizados como pandillas o el narcotráfico. La mayoría de las vulneraciones hoy en día son generadas por el propio Estado salvadoreño”, criticó la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo.
Estas críticas se dieron ayer en un conservatorio sobre los principales desafíos del derecho a la libertad de expresión y de prensa en el país.
Cárcamo expuso que al gremio de periodistas le preocupa los desafíos al ejercicio de la labor informativa, sobre todo porque en los últimos años han visto un incremento de vulneraciones a la prensa y durante la pandemia han aumentado considerablemente.
Además recordó que en diciembre 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a El Salvador en la que recomendó al Estado garantizar un entorno de trabajo seguro y se evitara la estigmatización a los periodistas, así mismo que se respetara la independencia de los medios.
Pese a ello, dice que “durante la pandemia las vulneraciones han sido graves. Desde enero hasta inicios de noviembre hemos registrado alrededor de 114 vulneraciones al gremio de periodistas. De estas, alrededor de 80 han sido generadas por el Órgano Ejecutivo, un dato bastante alarmante”.
Casos de restricciones a la prensa
Según los registros de la APES, una de las vulneraciones a la libertad de prensa se dio hacia periodistas de medios independientes cuando se les negó participar en conferencias del Ejecutivo o realizar sus preguntas al presidente u otros funcionarios.
“Lo más grave es que en aquellos casos donde los colegas hacen cuestionamientos a los funcionarios, estos en lugar de responder se dedican a atacarlos, tal como sucedió por parte del presidente Nayib Bukele a un grupo de periodistas recientemente”, mencionó.
En el ámbito digital también se dan vulneraciones y por eso muchos periodistas deciden autocensurarse para evitar ser atacados digitalmente, asegura. “Esos ataques van en su mayoría a las mujeres periodistas en donde son vulneradas con una carga de violencia por su trabajo, y también con una carga muy misógina”, dijo Angélica.
“Registramos vulneraciones por parte de la Policía y de la Fuerza Armada hacia periodistas de medios locales o comunitarios que les impidieron dar cobertura a algunas situaciones que se estaban dando en los centros de contención o en tomas de algunos municipios, pues les obligaron a borrar imágenes o audios”, señaló.
Agregó que ven una “instrumentalización del Estado para atacar a medios de comunicación” y condenó que el ejecutivo utilice millones de dólares en pauta gubernamental que utiliza como método de premio y castigo hacia los medios, y eso se convierte en censura indirecta para los periodistas que desisten de publicar contra el gobierno.