Gobierno busca anular a Sala al pedir Tribunal Constitucional

El vicepresidente Félix Ulloa dijo estar a favor de crear el tribunal constitucional. También expuso que tiene autonomía para decidir quiénes conformarán la comisión ad hoc para el estudio de las reformas a la Constitución de la República.

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El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo que será él quien decida quiénes conformarán la comisión ad hoc para el estudio de las reformas a la Constitución, que será presentado en septiembre 2021.

Por Violeta Rivas

2020-09-17 8:55:08

Abogados de la República observan peligro al conocer que el vicepresidente, Félix Ulloa, dijo en una entrevista televisiva que está de acuerdo con la creación de un Tribunal Constitucional que esté separado de la Corte Suprema de Justicia.

Javier Castro, director de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), opina que es “sumamente peligroso”, que no tiene justificación y no es necesario el crear este Tribunal Constitucional, porque el país ya tiene a la Sala de lo Constitucional con plena competencia para velar por el respeto a la Constitución de la República.

“La Sala tiene independencia con los demás órganos del Estado y tiene autonomía jurisdiccional con los demás tribunales. Puede ser peligroso porque este cambio puede servir para buscar clausurar la actual Sala de lo Constitucional y crear un Tribunal Constitucional hecho a la medida con magistrados afines, lo cual sería sumamente preocupante y un enorme retroceso en términos democráticos”, explicó Castro.

Añade que el escenario que puede estarse contemplando, con la iniciativa del Ejecutivo de reformar la Constitución de la República es que el Gobierno le apuesta a una amplia mayoría en la Asamblea, y el hacer reformas constitucionales no debe responder a intereses políticos del momento.

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El vicepresidente Ulloa dijo que tiene autonomía para decidir quiénes conformarán la comisión ad hoc que estudiará los cambios que se harán a la Constitución, y que no tiene que solicitarle autorización al presidente Nayib Bukele.

Daniel Olmedo, abogado constitucionalista, manifestó que esta iniciativa del vicepresidente de la República no es nueva. En 2012 sonó bastante fuerte la idea de crear un tribunal aparte porque le era incómoda la Sala de lo Constitucional, al Ejecutivo de ese momento, liderado por Mauricio Funes.

“¿Qué es lo que esconde esta iniciativa? No les gusta el control constitucional de los magistrados y lo que se pretende es nombrar un tribunal, poner otras personas que no les resulten tan incómodas al poder en turno. Esto no puede ser porque la naturaleza de la Sala de lo Constitucional es velar por la Constitución” y limitar al poder, dice Olmedo.

Aclara que lo que expresa con esta iniciativa es la incomodidad con el control constitucional que está teniendo el Gobierno y la tentación de crear un Tribunal Constitucional con magistrados que le sean favorables al Ejecutivo.

Olmedo opina que tanto el presidente Bukele como el vicepresidente Ulloa en lugar de buscar caminos para evadir las órdenes de la Sala y no cumplir lo que dice la Constitución, deberían de apegarse a lo que dictan ambas.

“Sería ingenuo ver de manera aislada que hay un proceso con buena voluntad de reformar la Constitución, sin tener en cuenta que quienes están impulsando este proceso son un presidente y un vicepresidente que han violado sistemáticamente la Constitución y las órdenes de la Sala de lo Constitucional”, señala Olmedo.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, expone que no está de acuerdo con que se inicie un estudio para hacer reformas a la Constitución de la República porque existe un margen para adecuarla a los tiempos.

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“El problema no es la figura de la reforma constitucional en sí, sino quién la quiere promover y con qué objetivo la quieren promover, y cuando uno observa el comportamiento autoritario del Gobierno, la actitud de desafío a las órdenes del Tribunal Constitucional salvadoreño, el menosprecio hacia los controles interorgánicos que establece la Constitución, salta a la vista una legítima preocupación de quién la está promoviendo, que es el Ejecutivo, y luego con qué interés”, expone Escobar.

Añade que no hay una garantía de que no se va a intentar buscar concentrar el poder, además de que la reforma puede buscar plebiscitos o referéndums, lo cual puede ser la vía para establecer disposiciones en la Constitución que están relacionadas con la reelección indefinida o diferentes medidas, por lo que hay que tener cuidado a los mecanismos de participación ciudadana que se pretenden implementar o que se busca introducir en la Constitución.

“Porque este puede ser el caballo de Troya para consultar a la población si quieren que haga una reelección indefinida, si quieren que se emita una nueva Constitución. No hay que satanizar la figura del referéndum, pero es que estos mecanismos se pervierten y terminan utilizándose para otra finalidad como perpetuarse en el poder y no para empoderar a la ciudadanía”, señala Escobar.

En este aspecto, Javier Castro, de Fusades, sostiene que ven con preocupación que se impulse una iniciativa de reformas a la Constitución cuando el país vive una inestabilidad institucional y porque este esfuerzo lo hace el Ejecutivo, cuando es el órgano que la está irrespetando, como se vio el 9 de febrero y luego con las violaciones al principio de separación de poderes a derechos fundamentales.

“Genera dudas de qué es lo que se quiere lograr con este proceso. Nosotros estamos convencidos que el problema en el país no es la Constitución o que esté obsoleta, eso no es cierto, sino que el problema es el irrespeto a la Constitución”, opina Castro.