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¿Por qué el gobierno de Bukele se apresuró a destituir a la Sala de lo Constitucional?

En el análisis del juez Antonio Durán, al oficialismo le interesaba asegurarse de no tener frenos ni contrapesos ni que se repitiera la experiencia de otros países en los que los poderes judiciales han emergido salvando de crisis a sus países.

Por Mario González | Jul 26, 2021- 21:40

Fuerzas de la Policía y el Ejército irrumpieron en el Palacio de Justicia, el 1 de mayo, para instalar a los abogados impuestos por la Asamblea. Foto Archivo

Las crisis de varios países latinoamericanos han sido salvadas por sus poderes judiciales.

En Guatemala tras el “serranazo de 1990, en Perú, en Ecuador y en Argentina, los poderes judiciales han emergido y devuelto el Estado de Derecho, pero en El Salvador no fue así.

Para el juez Antonio Durán, precisamente porque el Poder Judicial era el garante de la legalidad se le dio golpe de Estado de un plumazo el 1 de mayo. “Cuando se violenta la institucionalidad y está en peligro la República, los tribunales constitucionales pueden actuar de oficio en defensa de la Constitución”, explicó.

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El gobierno de Bukele no quería correr riesgos de que la Sala de lo Constitucional revirtiera su autoritarismo y concentración de poder, sobre todo con una asamblea de mayoría oficialista.

Antes de ser destituida, la Sala emitió una sentencia que invalida la destitución y los actos que los abogados impuestos puedan ejercer. Esa resolución tiene toda la vigencia y fuerza legal porque nunca fue revertida, recordó el funcionario.

Para el juez Durán, la Sala debió haber proveído además una resolución que ordenara a la fuerza pública –Ejército y Policía- a no plegarse a cometer ilegalidades y que hiciera cumplir su sentencia, cosa que esas instituciones no podrían negarse a cumplir y que los magistrados ya no alcanzaron a hacer porque la policía y el ejército invadieron esa noche el Palacio de Justicia e impusieron a los abogados nombrados por la Asamblea.

En Guatemala, con el serranazo de 1993, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los decretos del autogolpe, restableció a la Asamblea y ordenó al ejército que hiciera cumplir su sentencia.

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El funcionario explica que hay dos formas en que el Ejecutivo, el Legislativo o los poderes fácticos pueden capturar al Órgano Judicial: por cooptación, como en Argentina, donde en el gobierno de Menem les pagaba diez mil dólares mensuales a cada juez federal; pero si el juez no se deja cooptar, usan la fuerza y la intimidación. Y si aún así no pueden, recurren a la remoción, como ocurrió el 1 de mayo con la Sala de lo Constitucional.

En todo caso, el mandamiento de la Sala del 1 de mayo está vigente e invalida lo que se ha hecho y quienes lo incumplieron deberán responder en un futuro por esos actos, advirtió Durán.

“El Poder Judicial no tiene ahora el oro ni la espada para hacer valer sus decisiones, sólo la fuerza moral de pronunciar la verdad de los hechos y el Derecho”, explicó.

Pero lo sucedido traerá consecuencias incluso penales a los involucrados, vaticinó.

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