Este martes, en la plenaria se conocerá un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que debilitan precisamente que los salvadoreños puedan conocer datos sobre cómo se utilizan sus recursos y facilitan el proceso de reservar información.
Entre las reformas principales que el Ejecutivo promueve a la Asamblea, de amplia mayoría oficialista, está la posibilidad de reservar información oficiosa, aumentar a 20 días el plazo para entregar información al ciudadano, declarar la reserva de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y darle voto preferente al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Todas estas reformas vuelven más difícil que un ciudadano pueda saber qué sucede con su dinero o cómo ha variado el patrimonio de funcionarios públicos antes y después de pasar por la administración pública.
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En lugar de que datos importantes sean de acceso libre a la ciudadanía, las reformas que promueve el oficialismo dejarán escondida esta información por un tiempo determinado.
"Prácticamente están derogando la ley"
A juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, con estas reformas “prácticamente están derogando la ley”.
Esto, pues abre la puerta a que se declare bajo reserva cualquier dato oficioso, es decir que sea obligación que esté publicado sin necesidad que alguien lo pida. “Esto es un contrasentido”, opina Escobar, pues ahora la ley permite esconder lo que obliga a publicar. Además, critica que se elimina la obligación de publicar de forma oficiosa (sin que alguien lo pida) los informes de auditorías de la Corte de Cuentas de la República.
Para Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac-Funde), “las reformas están encaminadas a terminar de cerrar la puerta de la transparencia en el país”.
A su juicio, quitarle dientes de esta forma a la LAIP es solo un paso más en un hilo de decisiones como tomarse el Instituto de Acceso a la Información Pública con funcionarios a fines al Ejecutivo. Estos cambios, que están a punto de ser aprobados en plenaria, suponen un “tiro de gracia” al acceso a datos de cómo se gestionan los recursos de los contribuyentes.
Entre esos claros retrocesos, señala uno en particular: la declaración de reserva de los funcionarios públicos. “Es este tipo de información la que ha permitido que se procese a funcionarios corruptos como (Mauricio) Funes o (Elías Antonio) Saca”, explica el experto.
Esto, añade, porque fue gracias a conocer la información patrimonial de ambos que se determinó su enriquecimiento ilícito. Esto llevó a Saca a prisión y a Funes a enfrentar la justicia, aunque se fugó y actualmente es prófugo en Nicaragua.
“La información que permite a la ciudadanía repudiar a personajes como los expresidentes de la derecha o la izquierda, ahora será reservada”, lamenta Sandoval.
En el mismo sentido opinó Marjorie Chorro, directora de Estudios Legales de Fusades, quien ve “preocupante que se quiera incluir en la LAIP que las declaraciones de patrimonio de los funcionarios” son información reservada. Esto, y la posible reserva de la información oficiosa, logran prácticamente una “inefectividad” de la ley misma, señala.
“El país necesita que se restaure la transparencia, pero lo que se ha visto es una destrucción a los avances que se había logrado en materia de acceso a la información. Sin acceso a la información, el ciudadano queda privado de un derecho fundamental”, agregó Chorro.
Eduardo Escobar también condenó que se extienda a 20 días la entrega de la información y que puede ampliarse hasta un mes. El jurista recuerda que "el artículo 3 habla que un fin de la LAIP es facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos", algo que estas reformas deshacen.
Reformas siguen lógica de opacidad
Estas reformas a la LAIP son un paso más en una larga lista de actos del gobierno que promueven la opacidad en la gestión de recursos del Estado y son promovidas por la misma administración que ha capturado el IAIP con comisionados afines al Ejecutivo, que ha abusado de las reservas de información y ocultado datos importantes, como información de las vacunas anticovid. Además, mantiene un bloqueo de información a periodistas de medios independientes y ha lanzado una red de medios de propaganda para forzar una narrativa triunfal.
En ocasiones anteriores, intentó debilitar la LAIP por medio de reformas a su reglamento, algo que ya había sido declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en 2012. Asimismo, en marzo de este año, la Sala de lo Constitucional suspendió los efectos de estas reformas por lo mismo que se anularon en 2012. La razón es que un reglamento, por ser de categoría inferior a una ley, no puede contradecirla ni limitarla, solo expandir o encausar su rango de aplicación.