Anoche, diputados y funcionarios del Gobierno no lograron alcanzar un acuerdo por una nueva ley que regule la cuarentena y la apertura económica a raíz del COVID-19.
Tras una maratónica jornada de negociación, alrededor de las 9 de la noche suspendieron la sesión, pues la Comisión Política del Congreso y el Ejecutivo no lograron consensuar dos puntos: la vigencia que tendrá la cuarentena domiciliar obligatoria; y la fecha en que El Salvador comenzará a abrir la economía.
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, recordó que el proyecto de ley de emergencia que presentó el Gobierno a la Asamblea la semana pasada hablaba de iniciar la apertura el próximo 6 de junio. Sin embargo, como no fue aprobada, esa fecha se alargaría por un supuesto “vacío de ley” (ver recuadro). Esto fue inmediatamente rechazado por los diputados. La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, expuso que la cuarentena no se ha suspendido, por lo que no es argumento suficiente para decir que los negocios no pueden comenzar a abrir a partir del 6 de junio.
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También quedaron en el tintero aspectos como la demarcación de las zonas de control sanitario o cercos epidemiológicos, a fin de evitar episodios como el cerco militar del Puerto de La Libertad por dos días cuando el Gobierno insistió en mantener a todo el territorio como zona de restricción por riesgo al COVID-19, sin fundamentarlo en aspectos médicos.
El tiempo que podría permanecer una zona con barrera epidemiológica fue discutido por los diputados, ya que el Ejecutivo reiteró que debe mantenerse abierta la duración de la medida, mientras que los diputados proponían un periodo entre 2 y un máximo de 5 días. Al final, determinaron que la declaratoria de zona epidémica no deberá sobrepasar un máximo de 5 días, pero podrán ser prorrogables según lo amerite y determine el Ministerio de Salud Pública.
La posibilidad de que laboratorios privados puedan realizar la prueba del COVID-19 y que los hospitales particulares también reciban para su tratamiento a pacientes positivos a la enfermedad también generó discordias entre Castro; el ministro de Salud, Francisco Alabí y los diputados de la comisión.
La idea de los parlamentarios es que no exista un “monopolio” de parte del Gobierno en la realización de los test del COVID-19, pues argumentan que hay personas con capacidad económica para pagarlas y que además cuentan con seguro médico privado que puede y debe cubrir esa necesidad.
“Que el que pueda pagar no le quite una cama de UCI a una persona que sí lo necesita. No sabemos si el sistema va a colapsar, lo mismo con lo de los laboratorios para los exámenes, ¿cuánto cuesta al Gobierno el examen que se le hace a todas las personas que han tenido nexos?, son $150, ¿por qué no los utilizamos en beneficio de la gente que no tiene como pagarlos?”, reflexionó el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN.
El punto quedó pendiente, ya que Alabí argumentó que necesitan tiempo para que el ministerio de Salud verifique qué condiciones tienen los hospitales privados para albergar a los pacientes de COVID-19.
Otro punto en contención fue la discusión de cuánto tiempo debe pasar para que el Ministerio de Salud informe a los familiares de las personas que resultan positivas el lugar donde serán confinados para guardar la cuarentena.
Los funcionarios del Gobierno mostraron un poco de renuencia en este aspecto, ya que los legisladores proponen que no sobrepase de 8 horas. Según Alabí el problema es que a veces no tienen definido a qué centro de contención serán llevados.
Ponce y la diputada Cristina Cornejo, del FMLN recordaron que la Sala de lo Constitucional les ordenó que ese tipo de situaciones debe corregirse para no violentar los derechos humanos de la población. Incluso, justificaron que hasta a los reos se les permite hacer una llamada telefónica cuando son apresados.
Roces y tensión
Al inicio hubo un poco de roces entre Ernesto Castro y los diputados. El secretario privado de la Presidencia alegó que llegaban como parte importante de la discusión y no como invitados. La intención del FMLN, según lo explicó Schafik Hándal, era que los funcionarios del Gobierno solo dieran sus aportes en los artículos donde hay discrepancias entre la ley aprobada por la Asamblea y la propuesta del Ejecutivo.
El nombre de la ley también fue cambiado para agregar lo que el Ejecutivo quería, que se pusiera la palabra “emergencia”. Hasta el cierre de la nota, fue el único acuerdo por mayoría aunque el FMLN no apoyó.
Con ese término de emergencia, el diputado Carlos Reyes, de ARENA, sostuvo que el Ejecutivo podrá disponer de recursos financieros, pero advirtió que este será el único instrumento para paliar la crisis, a fin de evitar que el Ejecutivo maniobre de manera distinta a través de decretos ejecutivos.
El diputado Antonio Almendáriz, del PCN, propuso que se estableciera un concepto nuevo en la ley, llamado “burbuja”, para mantener cierta distancia social entre miembros de una misma familia, pero esta iniciativa no prosperó.
Sobre la mesa quedaron también establecidos puntos a estudiar posteriormente, como la transparencia en la ejecución de los fondos.
Al cierre de esta nota, los diputados aún discutían cuánto debe pasar para que una persona obtenga los resultados de su prueba de COVID-19. Los legisladores quieren que esta no sobrepase las 48 horas, pero el Gobierno justifica que no es posible hacerlo previendo que se den brotes del virus que no les permita tener esa agilidad.
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