La Sala de lo Constitucional debe intervenir de inmediato y controlar las normas del Gobierno de Nayib Bukele que están violando los derechos de la población en la pandemia del Covid-19, señala la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social, Fusades.
De acuerdo a un pronunciamiento del tanque de pensamiento, el Gobierno ha emitido una serie de pronunciamientos que ha incorporado una serie de restricciones a la población durante la cuarentena, hechos en confrontación de la Asamblea Legislativa y en claro desacato a las resoluciones de la Sal de lo Constitucional, con “decretos mal redactados, en muchos aspectos emitidos sin facultades, erráticamente publicados y vertiginosamente sustituidos”, señala.
“El país necesita seguir teniendo medidas sanitarias, pero también es imperativo que con ellas no se anulen las libertades ni se destruya la economía”, afirma. Este día trascendió en medios internacionales que debido a la actitud de confrontación de Bukele afecta el acceso a mercados y socava los planes de financiamiento de $1,300 millones en eurobonos.
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Además, exhorta al presidente Bukele a que haga su parte y sanciones para que entre en vigencia la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por el COVID-19.
Fusades resalta que, desde el principio de la emergencia, “el derecho de emergencia ha sido desordenado, y como es de esperarse, ha tenido consecuencias graves en la vida de las personas, pues el caos facilita los errores de aplicación por las autoridades y dificulta la exigencia de los derechos por los ciudadanos, por lo que ha degenerado en una gran cantidad de abusos. En mayo esto se ha agravado hasta tal punto que es difícil conocer qué normas son aplicables en un día en particular”.
El tanque de pensamiento señala que el problema real de que el presidente Bukele declare la emergencia es que esta contiene las medidas como otorgar facultades extraordinarias al Órgano Ejecutivo, de modo que, si él las declara, estaría dándose a sí mismo más atribuciones. “Por ejemplo, en este caso, incluyó excepciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que es la que regula la forma en la que el Estado adquiere bienes y servicios”.
Según Fusades, La Constitución establece consecuencias severas para las actuaciones que el presidente Bukele realice sin facultades. El art. 164 establece: “Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa”.