Una amenaza a la gobernabilidad democrática es la que observa la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) con respecto al rol político que está teniendo la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) si el gobierno sigue recurriendo a estas instancias de seguridad “como instrumento de control político”.
Fusades hace este análisis en su documento del departamento de Estudios Políticos donde resumen la gestión del segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele, del 2020 al 2021.
En ese marco se vivió la emergencia por la COVID-19, y la fundación destaca lo sucedido en cuanto a que el primer año del gobierno de Bukele fue señalado por la militarización de la Asamblea seguido por su conducta autoritaria en el manejo de la emergencia por la pandemia, pero lo que ha marcado su segundo año son las destituciones de funcionarios ejecutadas por el partido oficialista en el Congreso salvadoreño.
“El hecho político más relevante de los últimos doce meses fue la decisión de la nueva legislatura, dominada por Nuevas Ideas, el partido del gobernante, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Esta acción, absolutamente contraria a la Constitución de la República, fue celebrada por el presidente Bukele y ampliamente rechazada por la comunidad internacional”, dice Fusades en un comunicado.
Opina que el 1º de mayo de 2021, a un mes de cumplirse el segundo año de la actual administración se registró “un quiebre en el orden constitucional y democrático de El Salvador”.
“Los hechos ocurridos en los últimos doce meses de gestión, en consonancia con los registrados en el primer año de gobierno, confirman un absoluto desprecio por el sistema democrático y un punto de no retorno hacia un régimen en el que ya no existirán controles ni límites nacionales a las actuaciones del Ejecutivo. La defensa internacional de la democracia cobra hoy más vigencia que nunca”, dice la fundación.
En su análisis también señalan que durante la administración del presidente Bukele han sido evidentes las violaciones a la Constitución por parte de la Fuerza Armada y la PNC, debido a los desacatos a órdenes judiciales y a que han tenido ambas entidades una “obediencia ciega al presidente”, la cual ha continuado en el segundo año de gestión del mandatario.
Durante el 2020 que fue marcado por la crisis de la pandemia, las entidades de seguridad cometieron desacatos por realizar detenciones arbitrarias durante la cuarentena, también la PNC al no acatar una orden de llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la Asamblea Legislativa; a esto se suma la desobediencia a una orden de la Fiscalía General de la República para intervenir un bloqueo en un relleno sanitario y la falta de intervención durante la privación de libertad de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se diera en noviembre de ese año durante un bloqueo que realizan simpatizantes de Nuevas Ideas.
En el documento que contiene más de 300 páginas, Fusades hace un análisis en varias categorías, como el tema de la relación entre Estados Unidos con El Salvador, que indican que el país norteamericano está evaluando dicha relación, además del debilitamiento de las alianzas internacionales, además de destacar que el presidente Bukele “no ha recuperado la imagen que lo distinguió al inicio del mandato”, donde los hechos ocurridos el 9 de febrero del 2020 en la Asamblea y las arbitrariedades de la pandemia le afectaron gravemente.
Otro dato importante que afecta el compromiso del presidente Bukele con la democracia es la inequidad en las elecciones del pasado 28 de febrero. Fusades expone que el triunfo de Nuevas Ideas fue legal pero “escandalosamente inequitativo”, como fue señalado por las misiones de observadores nacionales e internacionales, particularmente por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA mencionó en ese momento que fue notoria la publicidad gubernamental que promovía la gestión del gobierno, donde por medios independientes y gubernamentales además de redes sociales se veían declaraciones con tintes electorales.
El organismo menciona también que el triunfo de Nuevas Ideas representa una ventaja para el presidente Bukele frente a las elecciones de 2024, unas elecciones que serán generales al disputarse alcaldías, presidencia y diputaciones.
En ese sentido el partido oficialista ganó 255 alcaldías, lo cual le permite al presidente tener control presupuestario sobre las obras que harán las alcaldías con la creación una dirección de obras municipales a la que tendrán que acudir los alcaldes cuando quieran hacer obras en sus municipios.
“Se está violentando la autonomía de los municipios, en lo económico, en lo administrativo y en lo financiero porque precisamente la Constitución le da a los alcaldes y a los municipios esta autonomía”, dijo Luis Mario Rodríguez, director del departamento de Estudios Políticos de Fusades.
Señala que en el caso de los funcionarios del gobierno de Bukele, se han dado 22 cambios en el gabinete en los últimos 12 meses, además de 10 rotaciones, instituciones que están siendo ocupadas por funcionarios que venían como titulares en otras instituciones del gobierno.
También destaca que se han dado una falta de respuesta a las solicitudes de la información pública o la respuesta de haber declarado en reserva la información que debe ser del conocimiento de la población.
Rodríguez señala que en El Salvador se está dando un régimen híbrido, que tanto la comunidad internacional como quienes estudian los sistemas democráticos opinan que “ven que existe en El Salvador una mezcla de instituciones con prácticas propias del autoritarismo”, donde se ha dado ataques a la prensa independiente, golpes a la oposición política, negativa a rendir cuentas y la instrumentalización de los cuerpos de seguridad.