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Fusades: “Condenamos el golpe de Estado que se ha fraguado por parte de la Asamblea”

El tanque de pensamiento expone que los diputados de las bancadas afines al presidente Nayib Bukele "invocaron de forma equivocada, arbitraria y sin ninguna base constitucional el artículo 186, inciso primero, de la Constitución".

Por Liseth Alas | May 02, 2021- 10:49

Corte Suprema de Justicia. Foto: EDH/ Jonatan Funes

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) calificó como “un golpe de Estado” la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la del Fiscal General de la República avalada durante la noche del sábado por parte de la nueva Asamblea Legislativa liderada por el oficialismo.

“Constituye un grave atentado contra el sistema democrático y una ruptura del ordena constitucional, concretado en una acción propia del autoritarismo, al fraguarse un golpe de Estado por parte del Órgano Legislativo, que busca suprimir el sistema de frenos y contrapesos necesario para vivir en democracia”, señaló el tanque de pensamiento en un pronunciamiento que publicó este domingo por la mañana a través de sus redes sociales.

El bloque oficialista votó por la destitución de los magistrados de la Sala y del Fiscal General. Foto EDH/ Jessica Orellana

Según Fusades, los legisladores afines al presidente Nayib Bukele han “invocado de forma equivocada, arbitraria y sin ninguna base constitucional el artículo 186, inciso primero, de la Constitución”, para avalar la decisión de remover de su cargo “al máximo intérprete de la Constitución”.

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“Que el poder político destituya a magistrados sin causas legales, es un abuso de poder y un atentado contra el orden constitucional”, prosiguió.

No obstante, sostiene que la decisión quedó sin efecto debido a que señala que la Sala emitió “oportunamente una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la actuación de la Asamblea Legislativa al destituir a los magistrados, la cual debe ser acatada”, por lo que afirma que la “posterior elección” de funcionarios del máximo tribunal de la CSJ es ilegal.

Fusades aclaró en su comunicado que “el ejercicio del poder político por una Asamblea Legislativa en la que la mayoría calificada está a disposición de un solo partido, no le habilita para destituir sin causas legales a un poder del Estado ni a funcionarios que integran instituciones de control”.

Añade que este tipo de acciones “conlleva a la destrucción del orden democrático, que elimina la separación de poderes en El Salvador y amenaza las libertades individuales de los salvadoreños, por lo que instó a la ciudadanía y la comunidad internacional a mantenerse vigilantes ante lo consideró “actuación autoritaria”.

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Las decisiones votadas la noche del sábado durante la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa provocaron la reacción y condena de la comunidad internacional, quien ha coincidido en argumentar que no hay un respaldo legal para el procedimiento y se está irrespetando la independencia de poderes de los órganos del Estado.

Juramentación de Rodolfo Delgado. Foto EDH: René Quintanilla

Altos funcionarios de Estados Unidos y organizaciones internacionales se han pronunciado condenando y rechazando los hechos, entre estos congresistas, delegados de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

Tras la votación de la nueva Asamblea Legislativa para destituir de sus cargos a magistrados y Fiscal General, el presidente Nayib Bukele reiteró a través de Twitter que está dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero les pidió mantenerse al margen.

“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”, dijo el mandatario ante los primeros comentarios de la comunidad internacional.

Tanto las instalaciones principales de la Corte Suprema de Justicia como de la Fiscalía General de la República (FGR) se encontraban bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC).

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