El deterioro de la democracia es uno de los factores que afecta el clima de negocios en el El Salvador. Así lo determinó el informe coyuntural del primer semestre del 2021 de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades).
La Fundación presentó este jueves dicho informe basado en tres ejes: Estado de derecho, clima de negocios y transparencia. Las afectaciones en el clima de negocios causó mucho impacto en el sentido que involucra a otros ejes.
Los investigadores de Fusades explicaron que todos los acontecimientos jurídicos que afectan el Estado de derecho en el país también tienen una incidencia en el clima de negocios y seguridad ciudadana.
En primer lugar, se hizo énfasis en que la certidumbre y la confianza son dos pilares fundamentales para que exista un buen clima de negocios.
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Según los resultados de la encuesta empresarial de la fundación no existen condiciones favorables para la actividad comercial en el país.
“Para el segundo trimestre de 2021 ha caído nuevamente la percepción favorable del clima de negocios. De alrededor de 400 empresarios, el 10.74 % ha considerado que el clima de negocios es favorable, pero, el 31.76 % dice que desfavorable”, detalló Joaquín Rodríguez.
El informe determinó que la incertidumbre política y la inseguridad jurídica son los principales factores que minan el clima de negocios y que debe recuperarse la confianza y el diálogo publico privado en el país.
Rodríguez explicó que al preguntar a los empresarios cuáles son las causas por las que consideran que el clima de negocios es desfavorable, estos señalaron tres aspectos: Incertidumbre, inseguridad jurídica y la baja actividad económica.
Según el estudio, una de las cosas que ha causado incertidumbre ha sido la aprobación de la Ley Bitcoin.
“Coincide con la encuesta que la Ley Bitcoin provoca mucha incertidumbre jurídica y económica, esto lo consideramos que se debe a que la Ley Bitcoin es contraria a la Constitución, se está pretendiendo obligar a usarla como moneda legal, además, la ley fue aprobada de forma oculta y sin estudio”, expuso Rodríguez.
La inseguridad jurídica incluye el deterioro de la democracia y los grandes retrocesos que fueron señalados en el eje del Estado de derecho.
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“La caída del Estado de derecho, la caída de la democracia a veces es progresiva, va paso a paso, pero en El Salvador ciertamente va de forma muy acelerada”, advirtió Oscar Pineda.
Fusades detalló qué aspectos han ocasionado el desmantelamiento acelerado de las instituciones democráticas. En primer lugar, hace referencia a informes internacionales de prestigio que coinciden en el deterioro acelerado de la democracia en El Salvador.
En relación a esto, Pineda citó dos informes que han surgido en el primer trimestre del 2021 y que evaluaron las condiciones del país. Uno es, el “Índice de Estados Frágiles”, el cuál señaló peligros para la gobernabilidad, que no hay transparencia, hay irrespeto a la autoridad judicial y las detenciones arbitrarias en 2020 en el contexto de la pandemia.
El segundo informe es, el “Índice de Democracia 2020”. Este informó que ningún otro país de América Latina se inclinó más hacia el autoritarismo en 2020 que El Salvador.
“Estos mensajes son muy importantes porque hay una coincidencia en todos estos informes internacionales que nos muestran una situación difícil, pero ni siquiera nos muestran lo que nosotros consideramos la violación mas importante a la Constitución desde la vigencia de esta en 1983”, dijo Pineda en relación a la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al fiscal general, lo cual suprimió el sistema de frenos y contrapesos.
En ese sentido, también señaló que la Asamblea Legislativa ha nombrado a 9 de los 15 magistrados de la CSJ. “8 son suficientes para resolver y tomar acuerdos, tenemos entonces un avance profundo de un partido político dentro del sistema de justicia”, manifestó.
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Es por eso que el informe destaca que existe una mayoría absoluta del oficialismo en la Asamblea con tendencia a no respetar límites establecidos en la Constitución. También enfatiza la falta de pluralismo debido a que la Junta Directiva solo se conformó con los partidos afines al gobierno.
Pineda consideró que existe poca discusión legislativa y que la Asamblea no está actuando de frente a la población refriéndose a los madrugones y dispensas de trámite.
“La Asamblea legislativa entre mayo y junio que es donde cerramos el estudio habían aprobado al menos el 51 % por ciento de sus decretos en la misma tarde en que la propuesta llegaba, ese mismo día resultaban aprobados sin estudio, sin discusión y sin publicidad parlamentaria”, detalló.
El informe subrayó como retrocesos democráticos el aumento el tamaño de la Fuerza Armada pese a que la Policía es responsable de la seguridad, la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y que el sistema de libertades del país está comprometido.
“El progresivo debilitamiento del Estado de derecho y de la democracia se disfraza de legalidad y se utilizan las instituciones que se han cooptado”, dijo Pineda.
Por su parte, La directora de Fusades, Marjorie de Trigueros, explicó que algunos informes internacionales señalan la falta de trasparencia en compras públicas realizadas durante la pandemia. Asimismo, destacó que el informe determina que la Libertad de expresión y prensa son dos derechos están bajo amenaza en el país.