Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo que como representantes de Transparencia Internacional les preocupa el rechazo sistemático del Gobierno a la transparencia y a la rendición de cuentas de los fondos públicos.
“No solamente hay una actitud de negación, una actitud pasiva de no entregar información, lo más grave, y es nuestra denuncia, es que se están utilizando instancias del gobierno como la Policía Nacional Civil para impedir investigaciones sobre posibles delitos de corrupción”, sostuvo Rubio.
La fundación detalló las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC) de bloquear el proceso de las investigaciones y la actitud del ministerio de Hacienda al impedir la entrada a los auditores de la Corte de Cuentas de la República.
Rubio sostuvo que el país se encuentra en el “reino de la opacidad”, debido a que la pandemia se ha enfrentado con falta de transparencia de la gestión pública.
“Ahora que fluyen millones, nunca en la historia de este país ha fluido tanto dinero, ni nunca en la historia se ha ocultado tanto ese dinero”, señaló Rubio.
Jessica Estrada, directora del área de Transparencia y Anticorrupción, de Funde, detalló algunos casos de posible corrupción en el gobierno, que se están dando en el país en el marco de la pandemia por COVID-19, irregularidades como la compra de insumos médicos con sobreprecios, compras a familiares de funcionarios, además de compras de dudosa procedencia, donde algunas han estado vinculadas a escándalos de corrupción.
“Tenemos una negativa a la entrega de información pública, esta práctica la hemos visto incrementada como práctica en el gobierno, pero con la pandemia se ha profundizado, y es una negativa a entregar información a la ciudadanía, que estamos ejerciendo un derecho fundamental, sino a entidades fiscalizadoras como la Corte de Cuentas de la República y a la misma Asamblea Legislativa para que pueda ejercer su función de control”, opinó Estrada.
Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) expuso que han tomado acciones para activar los mecanismos de reacción de cuentas, como el Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP), la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional; la Sala de lo Contencioso Administrativo.
“Es necesario que el sistema que se encarga de ejercer contrapesos, que se encarga de vigilar o fiscalizar a los poderes pueda activarse, y en este momento es sumamente importante que estas instituciones puedan echar a andar aquellas normativas que los respaldan para poder hacer contrapeso a las acciones que ha desarrollado el Órgano Ejecutivo en el contexto de la pandemia”, señaló Sandoval.
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Destacó que este año de la pandemia, el Ejecutivo ha echado a andar una política de resistencia de entrega de la información pública, como el caso del ministerio de Salud, al ocultar el Plan Nacional de Salud Pública, que debería estar a la disposición de la ciudadanía, además de los parámetros para entrega de subsidios por parte del ministerio de Economía y la decisión del Ministerio de Obras Públicas al decidir reservar información en torno a contratos, licitaciones o expedientes adjudicados.
“De hecho, es uno de los ministerios que decidió contestar con otra conferencia de prensa a una de las denuncias que presentamos tratando de desvirtuar lo que esta oficina anticorrupción ha buscado como información que es precisamente cómo se ha manejado el tema de licitaciones”, dijo Sandoval.