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Fundación para el Debido Proceso y la investigación insta al Gobierno a indagar sobre ataques y garantizar la labor de los periodistas

La ONG expone que en El Salvador no hay una normativa específica para la protección a periodistas ni a comunicadores sociales

Por Agencia EFE | Feb 12, 2022- 10:40

Periodistas durante una de sus coberturas. Foto: EDH Archivo

El Estado salvadoreño "está obligado" a prevenir agresiones contra periodistas y garantizar la "debida y diligente" investigación de casos sobre amenazas y ataques contra la prensa, en especial los cometidos contra mujeres que ejercen el oficio, señala el informe 'Mujeres Periodistas en primera línea: desafíos de la libertad de prensa en El Salvador'.

La investigación  de dicho documento, elaborado por la no gubernamental Fundación para el Debido Proceso y la investigación, estuvo a cargo de Celia Medrano, quien fue candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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De acuerdo con el informe,  difundido por la agencia Efe, "el Estado salvadoreño está en la obligación de cumplir estándares nacionales e internacionales en materia de protección del derecho a la libertad de prensa, derecho a la libertad de expresión, derecho al acceso a la información y derecho al libre pensamiento y opinión".

Estos estándares, indica, "obligan a los Estados a prevenir agresiones contra periodistas, proteger a personas periodistas que sufren o están expuestas a amenazas a su vida e integridad, y procurar justicia en casos en que hayan sido víctimas de violaciones a derechos humanos".

Además, el Estado "debe garantizar con debida diligencia e independencia investigaciones sobre amenazas y ataques contra periodistas, en particular aquellas que constituyen delitos relacionados a violencia contra la mujer", apunta.
Subraya que "las autoridades estatales están en la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo".

"Deben también reconocer públicamente la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para sus intereses", añade.

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El documento expone que en El Salvador no hay una normativa específica para la protección a periodistas ni a comunicadores sociales y que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), junto a otras organizaciones de la sociedad civil han procurado llenar este vacío, pero sin éxito.

Señala que en el "contexto actual hostil" al ejercicio de libre expresión y prensa, "ha sido difícil lograr atención a las propuestas que han sido generadas desde las organizaciones".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó en octubre de 2021 sobre un aumento de abusos, hostilidad y amenazas contra la prensa en El Salvador.

"A medida que se consolida el régimen de Nayib Bukele, aumentan los abusos, atropellos, amenazas, restricciones y hostilidad contra los medios de comunicación y los periodistas", según un informe de la entidad.

La SIP señaló que los ataques y las restricciones aumentaron desde la asunción el 1 de mayo de la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI

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