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“De seis instituciones que luchan contra la corrupción, cuatro están cooptadas por el Gobierno”

Xenia Hernández, de la fundación DTJ, denunció en Washington lo que considera el “desmantelamiento de la institucionalidad” desde el Ejecutivo.

Por Enrique Miranda | Oct 28, 2021- 15:38

Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), cree que quienes gobiernan a El Salvador promueven reformas que matarían la LAIP porque “tienen miedo de que la ciudadanía conozca la magnitud de las irregularidades y arbitrariedades que están cometiendo". Foto EDH /Francisco Rubio

La Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la sección de Probidad y la Corte Suprema de Justicia están alineadas con el oficialismo y han retrocedido en la lucha contra la corrupción denunció en el foro internacional contra ese flagelo la directora de la fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ).

“Es una situación bastante compleja: el rumbo de la institucionalidad es grave, si antes no tenía la robustez, en menos de dos años de gestión del presidente Nayib Bukele esto ha sido un desmantelamiento total de la arquitectura institucional, de la lucha contra la corrupción y la transparencia”, sentenció Hernández este jueves en Washington.

Ella narró ante la comunidad política de la capital estadounidense cómo los avances en materia de transparencia de datos públicos y lucha contra la corrupción que El Salvador había tenido, en los últimos dos años ha tenido un declive porque instituciones clave como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la sección de Probidad han tenido retrocesos en la gestón de Nayib Bukele.

“Hace unos 3 años se había conformado el grupo de la lucha contra la corrupción, había seis instituciones, cuatro hoy están cooptadas por el Gobierno”, dijo la directora de DTJ.

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La principal institución que enumeró es la Fiscalía, quien a partir del 1 de mayo cuenta con un Fiscal impuesto por la bancada legislativa de Nayib Bukele. Hernández denunció cómo desde esa fecha además se han separado fiscales de unidades clave contra la corrupción en el Gobierno.

“La Fiscalía ha cambiado el personal clave de la investigación y lucha contra la corrupción. Se empieza a blindar el sistema. En lugar de fortalecer las instituciones son retrocesos para blindar a los funcionarios que necesitan ser protegidos”, dijo.

También puso énfasis en la regresión que ha tenido el IAIP desde el año pasado, cuando el Presidente Bukele nombró de forma irregular a dos comisionados alineados con el oficialismo.

“El IAIP ha sido de los bastiones principales, se había generado investigaciones de enriquecimiento ilícito para tres expresidentes. Con las solicitudes de información empezaron ese tipo de investigaciones, pero este gobierno suspendió todos los plazos de entrega de información pública por la pandemia, además de nombramientos irregulares hoy está conformado por funcionarios serviles al gobierno, no se está rindiendo cuentas”, resumió Hernández.

Por último, la directora de DTJ incluyó a la sección de Probidad y la misma Corte de Cuentas como las otras instituciones de control que están a tono con el oficialismo.

“La sección de Probidad actualmente no está funcionando, se ha retraído, no hay investigaciones hoy. Con el agravamiento que la Corte Suprema de Justicia tiene 10 magistrados oficialistas: cinco impuestos de manera inconstitucional y otros cinco que les tocaba su elección pero que no tienen ningún tipo de idoneidad para esos cargos”, expuso la ponente.

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A este listado, Hernández añadió al Tribunal de Ética Gubernamental que si bien no consideró que esté cooptado por el Gobierno sí lo calificó de inoperante.

“Al Tribunal de Ética le decimos Tribunal de adorno gubernamental pues es una institución que no ha funcionado para nada, más bien se ha gastado el dinero público”, dijo.

Como única institución que DTJ ve aún intentando luchar contra la corrupción y que ha tenido un giro es la Corte de Cuentas de la República.

“La otra institución es la Corte de Cuenta, muy activa. Ha dado pequeños pasos porque en el pasado ha sido cuestionada porque entregaba finiquitos exprés a funcionarios para que llegaran a otro tipo de puestos”, concluyó la directora de DTJ.

En resumen, la representante de la sociedad civil en este foro internacional consideró que todo este aparataje al servicio del gobierno ha disuadido a quienes desean luchar contra la corrupción de seguir ese camino.

“Todo el sistema se está instrumentalizando para perseguir a los denunciantes de corrupción y eso disuade. El miedo se está sembrando dentro del mismo país para que estas personas no hablen”, concluyó a lo que dijo que se requiere buscar “nuevas formas” de luchar contra la corrupción.

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